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Aumento salarial en CCSS revela falta de conciencia sobre crisis fiscal, dice Rodrigo Arias

El presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias (derecha), junto con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, durante la presentación del Presupuesto de la República para el 2023. Ambos cuestionaron esta semana el incremento salarial en la CCSS. Foto:

El aumento salarial aprobado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para sus 63.000 funcionarios demuestra “falta de conciencia” de parte de la institución, sostuvo el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.

En declaraciones a la prensa, el jerarca legislativo aseguró el pasado jueves que “unos gerentes financieros con conciencia de que el país está al borde de la crisis no hacen eso” de aprobar un incremento retroactivo en las remuneraciones.

Para Arias, la decisión es sumamente desafortunada, máxime que la CCSS necesita fondos del Gobierno Central, porque no solo vive de las cuotas obrero patronales, y consideró que puede llegar un momento en que ni a la Caja ni a las universidades públicas se les puedan girar los fondos que se necesitan.

“No hay otros fondos, no tenemos petróleo, no tenemos cobre, no tenemos otras cosas. Es el Presupuesto Nacional de donde se saca ese financiamiento. Ese es el problema, porque son instituciones que dependen de lo que el Presupuesto Nacional les pueda reasignar”, señaló.

Esta semana, la prensa dio a conocer la decisión tomada, el jueves 8 de setiembre, por siete de los nueve integrantes de la Junta Directiva de la CCSS, a contrapelo de lo que había advertido la Dirección Actuarial de la misma institución.

Los directores aprobaron aumentar entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales la base salarial de más de 63.000 funcionarios, con efecto retroactivo hasta el año 2020.

Este martes, La Nación reveló que el aumento fue aprobado pese a que la Dirección Actuarial de la CCSS advirtió sobre el riesgo financiero que implicará para la institución: ¢10.000 millones más por año por el efecto sobre salarios base y pluses, además de ¢29.000 millones por el pago retroactivo de los años 2020, 2021 y 2022.

Solo esta última cifra es mayor a la suma de los presupuestos anuales del Ministerio de Comercio Exterior, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Vivienda.

En todo el Gobierno Central y en muchas instituciones, los salarios están congelados por la regla fiscal, debido al alto nivel de la deuda pública, pero la CCSS está exenta de la norma.

El aumento salarial de la Caja saldrá de las cuotas que pagan trabajadores y patronos al Seguro de Salud. Incluso, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuestionó lo sucedido: “No solamente va a costarle más a la CCSS, sino que desde el punto de vista práctico va a tener más presión sobre las cargas que se cobran al trabajador costarricense”, tal como declaró a La Nación.

CCSS ‘no ha salido de la crisis sanitaria’

Rodrigo Arias también consideró que la decisión de hacer el aumento en la CCSS es desafortunada porque esa entidad vive una situación financiera problemática y porque “no ha salido todavía de la crisis sanitaria”.

“Tiene un problema fiscal inmenso en sí misma”, comentó el jerarca del Congreso. Aunque reconoció que la Caja goza de una autonomía total, manifestó que la decisión tomada no es solo un problema del Gobierno, sino también de las cámaras empresariales.

“¿Estuvieron de acuerdo o no? No lo sé. No he tenido oportunidad de hablar con nadie de la Uccaep (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada), que tiene tres representantes en la Junta Directiva. Habría que ver qué pasó”, apuntó Arias.

El pasado jueves, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, había manifestado que existe ilegalidad en el aumento de salarios aprobado por la Caja para sus empleados y recomendó a los directivos revisar su decisión.

Chaves advirtió de que la sanción por no acatar la regla fiscal es la destitución, pues consideró que el aumento aprobado se contrapone a esa norma, mecanismo que impide aumentar salarios cuando la deuda pública supere el 60%, como ocurre en este momento.

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