Los pantallazos y audios de WhatsApp reflejan el uso perverso del dinero público para contratar a la agencia de comunicación del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), pues mandos altos y medios estaban amenazados: quien se opusiera sería despedido.
“Aquí van a rodar cabezas” si la Junta de Protección Social (JPS) no daba el contrato, se escuchó decir a la jerarca Esmeralda Britton en un mensaje a la gerenta; “tengo una pistola en la cabeza”, advirtió un gerente del ICE; y “se alinea o se alinea” fue la intimidación de otro jefe a una mercadóloga, finalmente despedida.
Lo grave de estos hechos es que comenzaron a ejecutarse apenas iniciado este gobierno, cuando se juraba el uso transparente del dinero público y el mandatario Rodrigo Chaves decía que “la corrupción es un monstruo de mil cabezas y hay que decapitarlas todas”.
Un año después, no hay ninguna decapitación ni autoridad política superior que se haga responsable de las órdenes a instituciones. Quizás está en su madriguera, mientras fuera los peones quedan expuestos como blandengues mandaderos por dejarse doblegar con las amenazas de despido; también, cuestionados por su idoneidad y ética en la función pública y por su escaso compromiso de proteger las instituciones para las cuales laboran.
Quienes sí han hecho la tarea son los mandos medios, los que, precisamente, Chaves deslegitimó desde el comienzo de su mandato porque “a cada rato se atraviesan” y simplemente dicen que no les “parece tal cosa”. El mandatario les debe una disculpa porque, para bien de la patria, esto ocurrió en el caso (escándalo) del Sinart.
La exgerenta de la JPS Marilyn Solano y la exdirectora comercial de Kölbi Jacqueline González responsablemente se atravesaron para exigir un uso correcto del dinero público.
De no haber sido por estas dos valientes mujeres, no habrían trascendido audios y textos que constatan cómo sus superiores cedieron tan fácilmente, por temor a las presiones, para actuar contra el criterio técnico.
Enhorabuena que diputados de oposición decidieron abrir esta investigación, pues algunos testigos van aclarando el fin de tanto dinero público: premiar a medios y páginas que hablan bien del gobierno.
El autor es jefe de Redacción de La Nación.
