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Caja deberá usar reservas del Seguro de Salud en 2023 para brindar servicios médicos

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá que utilizar, a partir del próximo año, las reservas y provisiones del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) para brindar los servicios de atención médica a los asegurados.

La entidad deberá echar mano de sus provisiones, la cuales ascendían a ¢1,5 billones en abril pasado, para enfrentar los gastos operativos e inversiones porque los ingresos por cotizaciones serán insuficientes para costear los egresos a partir del 2023, advierte la más reciente Valuación Actuarial del Seguro de Salud, de agosto pasado.

El desfase entre el dinero de las cotizaciones de trabajadores, patronos y el Estado, frente a los egresos irá en crecimiento y las provisiones del sistema se agotarán en el 2027. Para ese año se proyecta un déficit de ¢285.628 millones, según el informe realizado por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS.

Si la institución autónoma no aplica ninguna medida, el hueco financiero del SEM podría llegar hasta los ¢15,9 billones, es decir, el equivalente al 35% de la producción de Costa Rica para este año.

Para la realización del estudio se hizo una proyección de los ingresos efectivos, es decir, por concepto de cotizaciones, la previsión de crecimiento de los asegurados y sus salarios; y excluye la morosidad de cotizantes y el Estado. Del lado del gasto, se calcula el costo de la atención de salud, la demanda creciente de los servicios por parte de los asegurados, el pago de incapacidades; así como los egresos en equipos, remuneraciones e inversiones.

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Escenario parcial

Sin embargo, el desequilibrio del Seguro de Salud podría incrementarse porque el estudio no contempló el efecto del pago de ¢29.000 millones para el aumento salarial de 63.000 trabajadores de la Caja; ni el de ¢23.000 millones de anualidades no otorgadas en el 2020 y 2021.

Así lo explicó Luis Guillermo López, jefe de la Dirección Actuarial, a la Junta Directiva, en setiembre pasado, cuando se presentó el estudio, según consta en el acta 9.277. Los directivos solicitaron una actualización del informe, la cual está pendiente de conocerse.

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“En la valuación actuarial (...) el objetivo es poder visualizar con suficiente anticipación la evolución y eventuales situaciones de desequilibrio, para con esa anticipación poder establecer las medidas correctivas necesarias”, explicó López.

La instrucción de los directivos, una vez conocido el informe, fue ordenar a la Gerencia General y a la Financiera iniciar los procesos legales necesarios para que el Ministerio de Hacienda gire el 100% del dinero de aporte estatal cada año, revisar el comportamiento de la tasa de morosidad para ejercer los cobros y continuar el proceso de la deuda histórica del Estado.

El Seguro de Salud se financia con la contribución de 1,8 millones de trabajadores, 72.000 patronos y el Estado. Los primeros cotizan 5,50% del salario mensual; los patronos públicos y privados aportan el 9,25% y la cuota estatal es de 0,25%.

El informe actuarial se hizo con un horizonte de análisis de 15 años por tratarse de un sistema de reparto, es decir, donde las contribuciones ingresan a la Caja y se usan el mismo año para sufragar los gastos de la atención médica de los asegurados, compra de medicamentos y el pago de la planilla.

La Constitución Política establece que cuando se produce un déficit por insuficiencia de ingresos corresponderá al Gobierno asumir, vía Presupuesto Nacional, los recursos que la CCSS determine como necesarios.

Golpe inminente

Jorge Arturo Hernández, representante patronal en la Junta, instó al órgano a tomar acciones urgentes para afrontar la sostenibilidad del SEM.

“La situación que presenta la valuación actuarial (...) refleja que el Seguro de Salud está a corto plazo de entrar en una seria crisis financiera. No estoy de acuerdo con el criterio de la Dirección Actuarial, de que el año crítico es el 2030 o 2031, sino que prácticamente esto es desde ya, a partir del 2023″, dijo Hernández, según se reseña en el acta.

El directivo añadió que, para el 2027, el régimen tendría un faltante de ¢285.000 millones, incluida la reserva.

Hernández añadió que si no se toman acciones, cuando se les venza el nombramiento como directores, la Caja entraría en dificultades financieras.

Para Olger Sánchez, auditor de la CCSS, es necesario que la institución conozca con un mayor detalle la demanda de servicios de salud por parte de los asegurados, máximo de cara al proceso de envejecimiento de la población y los nuevos perfiles de enfermedades.

“Nos preocupa la generación y creación de plazas en este momento. Tenemos alrededor de 2.000 plazas para proyectos especiales (...) Hemos venido señalando la importancia que tiene establecer un tope anual”, destacó Sánchez a los directivos.

Por su parte, Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, comentó que el informe de la Dirección Actuarial usa una metodología diferente a la aplicada en la Gerencia para determinar la sostenibilidad del SEM, pero no ocultó que la demanda de servicios irá en aumento a raíz del proceso de envejecimiento de la población.

Sin embargo, dijo que los escenarios deficitarios descritos en el estudio actuarial se generan por el peso tan relevante del portafolio de inversiones en infraestructura y equipamiento de la institución para la próxima década.

“No es una situación en la cual el funcionamiento ordinario esté en riesgo, lo que se ha estado estimando es hasta dónde tiene la institución capacidad de hacer inversiones y cerrar las brechas”, recalcó Picado.

El funcionario añadió que, como parte de las medidas para darle sostenibilidad al SEM, se recomienda la gestión de cobro a patronos morosos y, en especial, el proceso de negociación de la deuda estatal con el sistema.

El más reciente estudio actuarial del Seguros de Salud muestra que, en el 2023, los ingresos serán insuficientes para financiar los servicios de la Caja, por lo cual se deberá utilizar la reserva del régimen.

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