Escuché una conversación que contrastaba opiniones sobre las perspectivas futuras de nuestro régimen político. Unos confiaban en su solidez e imperturbabilidad esencial: el país posee, decían usando un símil deportivo, un ADN democrático, y este sistema perseverará. Otros creían que más tarde o más temprano terminaremos marchando, quiera que no, en una dirección menos venturosa, por un camino parecido al que han seguido muchos países en la región, hacia un régimen de corte autoritario.
Puedo comprender lo primero, porque todo sistema se resiste a ser sustituido por otro. El nuestro, hasta donde sé, no ha sido sometido a pruebas dramáticas, aunque ha pasado por momentos cruciales: la crisis económica de principios de los 80, por ejemplo, que hizo pensar a unos pocos en la conveniencia de un golpe de Estado blando, en el que a la postre nadie quiso participar. O la guerra centroamericana, en la cual el país fue requerido para convertirse activamente en actor de las operaciones bélicas. En ambos casos, las consecuencias, de haberse conducido las cosas de otra manera y con otras miras que las que prevalecieron, tal vez habrían desacreditado la consistencia del régimen democrático y propiciado su rápido declive.
Sin embargo, me llamó la atención que el escepticismo acerca de la resistencia de nuestra institucionalidad pública de cara a prácticas políticas novedosas embargara parejamente a los otros contertulios. Estos concedían que desviar la ruta que nos ha caracterizado a lo largo de tango tiempo no sería fácil, pero no confiaban en que el régimen descansara en algo así como un rasgo idiosincrásico o en una virtud ancestral: más bien, en una variable social circunstancial fomentada de forma exitosa, pero casi agotada y decadente.
Es fácil idear un proyecto político disruptivo a partir de nuestro actual diseño constitucional, argüía alguno, y llevarlo a la práctica tomaría si acaso diez o doce años. Las pistas de lo que ese proyecto puede ser están en la misma Constitución, que suministra mecanismos que bien empleados sirven para institucionalizar un régimen político sustancialmente distinto al que ha imperado.
A continuación, agregó: todo comienza por conseguir la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, y, por la fuerza de un solo y exitoso partido o de su alianza con otros, hacerse también con la mayoría calificada. De ahí en adelante, ya se puede maniobrar.
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.
