Lima. “Vamos a estar en la capital para hacer escuchar nuestra voz de protesta”, promete un campesino andino que se prepara junto a centenares para ir de Puno a Lima a pedir la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte tras cinco semanas de protestas que dejan 42 muertos.
“Vamos para hacer escuchar nuestra voz de protesta”, dijo a la AFP Jimmy Mamani, presidente de la Asociación de Centros Poblados de la provincia El Collao, una zona aymara de la región de Puno, fronteriza con Bolivia.
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Mamani, alcalde del poblado de San Isidro, es uno de los centenares de campesinos que recorrerán desde el lunes los 1.350 km que separan su comunidad de Lima.
“Vamos a ingresar por los cuatro conos de Lima (norte, sur, este, oeste.) Queremos hacer una movilización pacífica sin inconvenientes”, agregó.
La marcha de los 4 suyos
“Será como la marcha de los cuatro suyos”, explica en alusión a la masiva marcha de tres días que en julio de 2000 desembocó en la caída del régimen autocrático de Alberto Fujimori (1990-2000) en noviembre de ese año.
“No es justo que el Ejecutivo no pueda escuchar nuestros pedidos, ellos hacen oídos sordos. La verdad uno ya está molesto y a estas alturas dialogar con ellos es algo que no se puede”, explica el dirigente.
Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, elecciones inmediatas y convocar a una Asamblea Constituyente y el gobierno rechaza todas estas peticiones.
La vanguardia en camino
Al menos unos 3.000 pobladores de la ciudad de Andahuaylas (sureste), en la región de Apurímac, que estaban este lunes rumbo a Lima en una caravana de vehículos fueron retenidos por la policía en el distrito de Humay en la provincia de Pisco (a unos 240 km al sur de Lima) para realizarles controles de identificación.
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“Somos de Andahuaylas y estamos emprendiendo este viaje a la ciudad de Lima. La marcha es pacífica, no somos violentistas somos agricultores humildes”, dijo a la prensa un campesino que lucía un chullo (gorra con orejeras) en la cabeza.
Desde Cusco, decenas de campesinos en buses partieron hacia la capital, distante a 1.100 km.
El gobierno amplió el estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno para frenar las protestas, autorizando a los militares a intervenir junto a la policía para mantener el orden público.
También extendió por 10 días el toque de queda de las 20H00 a las 4H00 en Puno, epicentro de las protestas.
Los bloqueos de carreteras siguen dando la pauta del ritmo de las protestas. El lunes permanecían bloqueados 96 tramos de carreteras por manifestantes en 9 de las 25 regiones.
En la región La Libertad (norte) por primera vez este año pobladores bloquearon con neumáticos incendiados la carretera panamericana norte, que conecta a Lima con ese extremo del país. En Puno, decenas de pobladores aymaras bloquearon el puente internacional Ilave que sirve de tránsito hacia Bolivia.
“Nosotros vamos a marchar a Lima para que tomen consciencia, para que el pueblo sea consciente y que de una vez por todas podamos sacudirnos de esta captura del poder económico del Estado, de este pequeño grupo que no nos representa, nosotros no reconocemos a la presidenta Dina ni al Congreso”, dijo a la AFP Richard Acero de 52 años, poblador de Ilave.
Cañones y mantequilla
El gobierno aseguró que desde el fin de semana que evitarán lo que califican de “asonada” sobre Lima, pero al mismo tiempo respetarán el derecho a la protesta y las manifestaciones pacíficas, algo prohibido mientras esté en vigor el estado de emergencia.
“Tenemos información de que se están trasladando ciudadanos del interior del país”, dijo el ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien advirtió que el Gobierno hará lo necesario para “evitar una situaciones de violencia”.
“Hago un llamado a la paz: que éstas manifestaciones se realicen de forma pacífica y no generen actos de violencia”, agregó. Las protestas dejan al menos 42 muertos, más de 500 heridos y unos 300 detenidos en cinco semanas, según la fiscalía.
El jefe de gabinete, Alberto Otárola, manifestó que propuso establecer puentes de diálogo con las regiones del Cusco y Puno (sur). “Estamos dedicados a tender puentes de diálogo, especialmente con Puno y Cusco, y estamos seguros de que lo vamos a conseguir”, aseguró Otárola.
Boluarte, una abogada de 60 años, era vicepresidenta hasta el 7 de diciembre cuando el Congreso destituyó a Pedro Castillo por su fallido autogolpe.
La presidenta pidió el viernes perdón por las muertes provocadas por la crisis e instó a los legisladores a acelerar los trámites para realizar elecciones anticipadas en abril de 2024.
