Los diputados aprobaron este miércoles un presupuesto extraordinario de ¢13.068,3 millones.
Un hecho notable es la transferencia de ¢4.189,9 millones del Ministerio de Salud al de Trabajo y Seguridad Social.
Estos fondos, provenientes de los CEN-CINAI, se destinan al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) para respaldar el Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), marcando un compromiso con la salud pública.
Por su parte, el Poder Judicial experimenta ajustes con recortes en diversos programas, que, sin embargo, se redirigen a la subpartida 70107 del Fideicomiso Inmobiliario. Este movimiento, según analistas, plantea interrogantes sobre la adherencia al principio de anualidad presupuestaria, de acuerdo con lo establecido en la Ley N. ° 8131.
En tanto, el programa 743-00 Regímenes de Pensiones ve una disminución de ¢450 millones, reasignados a la subpartida 80102 Amortización de Títulos Valores Internos de Largo Plazo. Un cambio estratégico que impacta directamente en la gestión de pensiones.
Este ajuste no está exento de críticas. El Departamento de Análisis Presupuestario ha señalado que trasladar recursos a un Fideicomiso desafía el principio de anualidad presupuestaria, generando incertidumbre sobre el destino final de los fondos y dificultando la evaluación en la liquidación correspondiente.
Paulina Ramírez diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) explicó que el plan se centra en la necesidad de modificar nuevamente los recursos destinados para el CEN-CINAI.
Ramírez resalta la ausencia de eficiencia en la ejecución de fondos, particularmente, en un sector tan vulnerable y de necesidades críticas como lo es la atención a niños, por lo cual se hace el traslado.
“Es preocupante ver cómo en repetidos periodos, el sector del CEN-CINAI no logra ejecutar los recursos destinados. Estamos hablando de la atención primaria de niños, una responsabilidad vital que no puede permitirse demoras ni ineficiencias”, expresó Ramírez.
La segunda crítica de la legisladora se dirige a la modificación de recursos destinados para expropiaciones en el programa de Atención de Infraestructura Vial. Ella señala una rebaja de ¢3.000 millones del plan ciudad Gobierno para la Ruta 32, denotando falta de planificación y apego a los procesos de contratación administrativa.
“La transferencia de recursos destinados a expropiaciones hacia el Consejo Nacional Vial refleja una falta de planificación evidente. Esto pone de manifiesto la necesidad de revisar los procesos de contratación administrativa para evitar situaciones similares en el futuro”, afirmó la congresista.
La verdiblanca concluyó sus cuestionamientos al afirmar que, en términos generales, las modificaciones presupuestarias son el resultado de no ejecuciones de algunos programas o, en otros casos, de sobrantes.
“Estamos presenciando una falta de planificación que no solo impacta la eficiencia en la ejecución de programas críticos, sino que también revela la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de los procesos presupuestarios”, argumentó la liberacionista.
