El Gobierno, los diputados de la Comisión de Hacendarios y la Contraloría General de la República llegaron a un acuerdo verbal para modificar el proyecto de Caja Única del Estado, de manera que se reducirá el ahorro que se esperaba con esta reforma.
El martes, por presión de los diputados, las partes aceptaron dejar fuera del alcance del proyecto a las universidades públicas y a todas las municipalidades.
Este plan de ley 22.661 ordena a las instituciones estatales trasladar su dinero desde los bancos públicos comerciales hacia el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en un plazo de cinco años, a fin de que hagan sus giros mediante una plataforma electrónica administrada por la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.
La medida reduciría la presión sobre las finanzas del Gobierno, gracias a un mejor manejo de la liquidez de las instituciones. Se evitaría que las entidades reciban transferencias del Gobierno Central y acumulen dinero sin gastar para, luego, prestar estos recursos al propio Gobierno mediante la compra de bonos de deuda pública, por los que ganan intereses.
A ello se suma un ahorro considerable por la reducción del pago de comisiones bancarias.
La Contraloría, redactora del proyecto, había estimado el ahorro en ¢394.000 millones al año (alrededor de 1% del producto interno bruto).
Sin embargo, con las exclusiones, disminuirá el rendimiento que se esperaba, admitió la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga.
“No hemos calculado cuánto, pero sigue siendo un muy buen inicio en materia de orden, trazabilidad, transparencia y ahorro, sobre todo mejora en el servicio para la ciudadanía”, declaró la contralora general.
La presión contra el proyecto venía creciendo desde diciembre, cuando varias fracciones legislativas amenazaron con retirar su apoyo al expediente si no se aceptaba hacer varias exclusiones.
Además de universidades públicas y municipalidades, también queda liberado de ese sistema unificado de manejo de los dineros estatales, el Sistema de Banca para el Desarrollo, según lo confirmó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.
El expediente 22.661, Ley de manejo eficiente de la liquidez del Estado, empezó su periplo legislativo en agosto del 2021.
La contralora Acosta explicó, luego de una sesión de la Comisión de Hacendarios, donde estuvieron presentes voceros de las universidades públicas, que se aceptó que los centros de educación superior van a continuar con el sistema actual.
Es decir, Hacienda les transfiere los recursos y ellos gestionan. Lo mismo sucederá con las municipalidades en cuanto a los recursos propios, pero no con respecto a las transferencias que reciben del Gobierno Central.
“En el caso de las municipalidades, los recursos que van del Presupuesto Nacional hacia ellas están afectas a la caja única. Mientras, en el caso de las universidades la particularidad de la gestión de los recursos cambia.
“Los recursos que van a las municipalidades siguen siendo públicos, desde el Presupuesto Nacional, y deben mantener una cierta condición. En el caso de las universidades, cuando se les pasan recursos, pasan a ser patrimonio de las universidades y, por lo tanto, esa autonomía va más allá de esa gestión”, reconoció Acosta.
Aunque la aspiración de la Contraloría desde la presentación del proyecto de ley ha sido que todos los ingresos públicos estén sujetos a la ley y que el mecanismo sirva para ahorros en todos los niveles del Estado, aceptó la negociación que se dio a nivel político.
La contralora agregó que las universidades sí tendrán que aplicar lo que dice el capítulo 2 de la iniciativa legal con respecto a las buenas prácticas de manejo eficiente de la liquidez, aunque no sean parte del sistema de cuentas, “al cual podrán ingresar de forma voluntaria”.
“Esto se logró después de reuniones técnicas realizadas para explicar el proyecto con mayor detalle. Los municipios quedaron fuera totalmente por decisión de los diputados”, dijo la jerarca.
‘Buenas prácticas’ para el manejo de la liquidez
Según el ministro de Hacienda y la Contraloría, es un avance que las universidades queden cubiertas por el proyecto en cuanto a las buenas prácticas para el manejo eficiente de la liquidez. Pero, ¿cuáles son esas buenas prácticas?
Nogui Acosta aseguró que deberán tener protocolos definidos para el uso de los recursos, que haya una trazabilidad para que el Estado pueda identificar cuándo les entran los recursos y en qué momento salen.
“Esto le da la posibilidad a la Contraloría de asegurar un uso eficiente de los recursos públicos”, afirmó.
Aunque la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) intentó, en la misma sesión de Hacendarios de este martes, que se excluyera el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) del marco de acción del proyecto, se rechazó esa posibilidad.
Cinthya Arias Leitón, miembro del Consejo de la Sutel, alegó que no entendían por qué excluían algunas entidades y al Fonatel lo mantuvieron, pues alegó que el Fondo requiere tener rendimientos para cumplir con sus proyectos de conectividad y los programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
“Son ingresos ya proyectados y representan cerca de un 20%. Esos rendimientos tradicionalmente eran más, pero el Fondo ha ido decreciendo, tanto así que de aquí a cinco años está todo comprometido. Si queremos cumplir con la reducción de la brecha en conectividad, dar continuidad a los proyectos de la red educativa, la capacidad se vería reducida”, dijo.
No obstante, Marta Acosta le respondió que “ninguna institución pública tiene como propósito generar rendimientos financieros, sino que el propósito es generar los bienes y servicios que requiere la ciudadanía”.
También dijo que si los recursos están por más de 12 meses en la Tesorería Nacional, podrán generar rendimientos, pero fue enfática en que ninguna institución tiene que generar rendimientos financieros, sino que el dinero debe estar al servicio de la ciudadanía.
Nogui Acosta apuntó que lo ideal sería que el Fonatel hubiese usado los recursos en el momento en que los tiene, porque “no tiene sentido que tengan 11 años y todavía tengan recursos”.
