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Editorial: Brutal agresión a empleadas de tienda

Los propietarios de las tiendas SYR reconocen como “error” la despiadada paliza a dos empleadas por la supuesta sustracción ilícita de bienes del establecimiento. No es un error, es un delito y ofende los más básicos principios de justicia y respeto a los derechos humanos. El castigo físico está prohibido en Costa Rica. No lo practica el Estado y mucho menos pueden hacerlo los particulares.

Las explicaciones de los responsables acrecientan la indignación por la paliza, registrada en un video difícil de mirar por la brutalidad de los hechos. Las dos mujeres, una cajera y otra encargada de recibir mercadería, aparecen de rodillas mientras personal de la tienda descarga sobre ellas la golpiza con palos. A una de las mujeres, además de los golpes, le cortaron el cabello.

Como si de alguna forma los justificara, los responsables del comercio atribuyen la agresión a la sustracción reiterada de bienes y alegan haber dado a las empleadas la oportunidad de decir la verdad “para que no les pasara nada”. Las advertencias, insistieron, fueron hechas “antes de pegarles”.

También convierten a la Policía en corresponsable de lo sucedido, porque dicen haber denunciado sustracciones sin resultado alguno. “Nos dicen que no pueden hacer nada porque no son uno ni dos, son un montón (…), estamos cansados de que nos den esa respuesta”. En consecuencia, los ejecutores del castigo se constituyeron en policías, jueces y verdugos.

En suma, la culpa de lo sucedido es de las empleadas y su obstinado silencio, de las autoridades y de la falta de entendimiento de los inconvenientes de resolver los conflictos mediante la violencia contra personas indefensas. En adelante, aseguran los encargados, renunciarán a esos métodos.

El cinismo de las absurdas explicaciones acrecienta la necesidad de descargar sobre los responsables todo el peso de la ley. Ninguna sanción debe dejarse de aplicar en su extremo más grave. Los representantes de la cadena de tiendas ofrecen un arreglo económico a las víctimas. Ojalá se vean obligados a pagar la indemnización, pero eso no basta. Hay un claro interés social en el establecimiento de responsabilidades más allá de las pecuniarias.

Si lo sucedido (y filmado) no bastara para convencernos, hay antecedentes de conflictos entre la cadena de tiendas y la comunidad. Según la Policía Municipal de San José, ha habido otros casos de agresión, amenazas y quejas por contaminación sónica. En febrero, un indigente fue golpeado en uno de los locales de SYR por el presunto robo de unas prendas de vestir.

Según Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, una activista social, cuyo nombre no reveló, dijo haber sufrido amenazas a su integridad física por pedir una reducción del volumen de los parlantes. Lo sucedido con las dos empleadas no es un “error” y ninguno de los incidentes apuntados se debe repetir, no porque los encargados hayan comprendido la necesidad de actuar de otra manera, sino porque la ley lo exige.

Los torpes intentos de justificar los hechos y reducirlos a un “error” hacen dudar del aprendizaje de una lección que ningún adulto debería necesitar. Mejor que confiar en el arrepentimiento es confiar en el Estado de derecho. Si de paso los responsables aprenden a convivir en una sociedad democrática, es un beneficio adicional. Por lo pronto, lo importante es imponerles las consecuencias del abuso. El caso demuestra cómo la tolerancia hacia faltas relativamente menores, como la contaminación sónica, puede convencer al infractor de su “derecho” a cometer faltas mayores.

El castigo físico está prohibido en Costa Rica. No lo practica el Estado y mucho menos pueden hacerlo los particulares. Captura de pantalla del video publicado por

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