La estrategia de privilegiar la persecución del narcomenudeo por encima del tráfico internacional de drogas anunciada por el ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, contradice el lineamiento establecido por el presidente, Rodrigo Chaves, en su discurso de investidura. El mandatario claramente se dirigía a los traficantes internacionales cuando afirmó: “Tengo algo que decirles a quienes usan nuestro territorio como puente para exportar y almacenar drogas: dense por notificados. ¡Busquen otro territorio! No toleraremos su presencia en nuestra patria”.
El discurso del presidente también entra en contradicción con la segunda propuesta del ministro, consistente en movilizar a los ciudadanos para que toquen a la puerta de los narcotraficantes y les digan, con firmeza, “en este barrio no se vende”. Esa exigencia ya se las planteó el mandatario, con alcance de mar a mar y de frontera a frontera, pero los criminales no hicieron caso.
Una tercera contradicción entre el ministro y el presidente es la estimación de las reacciones violentas del narcotráfico. Torres pregunta por qué un ciudadano se abstendría de tocar a la puerta de un traficante: “¿Porque lo van a matar? No, no va a pasar eso, nunca”. En cambio, el presidente justifica el despliegue de guardaespaldas y armamento a su alrededor por la posibilidad de un ataque de narcos enojados por la futura instalación de escáneres en los puertos.
Pero el planteamiento del ministro también está plagado de contradicciones intrínsecas. Torres se puso a sí mismo como ejemplo del ciudadano capaz de tocar a la puerta del delincuente para exigirle poner fin a sus fechorías. “Yo lo he hecho en mi barrio, que es un barrio normal. Llegó un muchacho al frente de mi casa, tenía un acento como colombiano y estaba disparando. Me le acerqué y le dije ‘¿usted de dónde es?’. Me respondió ‘soy de Colombia, hermano’, y le dije ‘¿por qué dispara aquí?’. Al otro día se fue del barrio. Claro, se dio cuenta de que yo era policía, pero, bueno”.
El relato desconcierta. El ministro parece reconocer la diferencia entre confrontar a un delincuente siendo policía y hacerlo en condición de ciudadano sin autoridad, pero no desiste de aconsejar a los vecinos salir al encuentro del delincuente. Más bien toca su orgullo enrostrándoles su membrecía en una “sociedad domesticada”, responsable de “facilitar” el narcomenudeo.
Todavía más sorprendente es el desenlace del encuentro entre el ministro y el pistolero. Siendo policía, no lo arrestó, aunque estaba disparando en plena calle. No le pidió los documentos del arma ni el permiso de portación, no lo pasó a los tribunales. Si por algún motivo decidió no ejecutar esas acciones típicamente policiales sin acompañamiento, pudo haber pedido refuerzos con una facilidad que no tienen los vecinos desprovistos de autoridad. Tampoco lo hizo. Se conformó al constatar, al día siguiente, la mudanza del sujeto. Se fue a otro “barrio normal”, donde sin duda viven personas decentes.
En suma, el ministro tiene un extraño concepto de la labor del policía y el papel del ciudadano en la lucha contra el delincuente. Es un concepto peligroso, tanto por los riesgos que pide asumir a personas sin entrenamiento y, quizá —o mejor dicho, ojalá— sin armas, como por el desplazamiento de las responsabilidades policiales a la ciudadanía, en esta ocasión, y antes a los jueces, fiscales, diputados y predecesores en el cargo. Si los costarricenses siguen “dejando” a los narcos vender droga en sus comunidades, afirmó, el negocio prácticamente adquirirá visos de legalidad y será cada vez más difícil combatirlo. Superada la estupefacción, solo queda reconocer que, en medio de la creciente ola de criminalidad, el gobierno carece de una estrategia.
