El debate sobre la transmisión de las deliberaciones del Consejo de Gobierno se centra en el cumplimiento de la promesa del entonces candidato presidencial Rodrigo Chaves y no en su conveniencia, cuando lo importante es dilucidar si la medida contribuye al buen gobierno o, por el contrario, lo entorpece.
Insistir en el cumplimiento sin importar las consecuencias pone al presidente en un aprieto, pero conlleva el riesgo de consolidar una práctica perjudicial para este y futuros gobiernos. La transparencia de la función pública es un valor inobjetable, pero es preciso dejar espacio para deliberaciones francas y desinhibidas.
La administración actual disputa sobre los alcances de la Ley para Mejorar el Proceso del Control Presupuestario, vigente desde noviembre. La normativa, aprobada en octubre del 2021, exige levantar actas detalladas, con transcripciones literales de cada intervención de los participantes, y grabar en audio y video las sesiones de los cuerpos colegiados. Por si hubiera duda, la Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley referido específicamente al Consejo de Gobierno y su transmisión al público.
Chaves dice haber cometido un error cuando prometió la transmisión de las sesiones en campaña. Se disculpó y dejó clara su intención de no hacerlo. La nueva ley o una interpretación de la norma vigente desde noviembre podrían obligarlo, pero impondría el mismo deber a los gobernantes del futuro. La pregunta es si vale la pena cobrar al mandatario un arranque de demagogia populista al precio de establecer la práctica de ahora en adelante.
Las actas del Consejo de Gobierno deben ser tan detalladas como sea necesario para informar a la opinión pública de las decisiones y su fundamento. Las del actual gobierno incumplen ese objetivo. Son esquemáticas y, con suerte, apenas alcanzan para conocer el temario. Así no cumplen la función de registrar el tratamiento dispensado a los asuntos de interés público, pero no hay motivo para pasar de ese exceso de parquedad a la transmisión de las reuniones.
El Consejo de Gobierno trata asuntos disciplinarios, de seguridad nacional y de la conducción de nuestra diplomacia. La difusión de las deliberaciones sobre estos temas podría crear riesgos significativos. Para comprenderlo, basta con imaginar el Consejo de Gobierno presidido por Laura Chinchilla durante la crisis causada por la invasión nicaragüense a la isla Calero.
Para defender la conveniencia de la publicidad se acude a analogías erróneas, como las sesiones abiertas de la Asamblea Legislativa. El Congreso es, por mandato constitucional, el más público de los poderes, pero, aun en su caso, la propia Carta Fundamental establece la posibilidad de hacer excepciones, con mayoría calificada y otros requisitos.
Además, se cita la publicidad de las sesiones de la Corte Plena, sin mencionar la privacidad de las deliberaciones de los jueces, necesaria para garantizar la amplitud de la discusión. Posteriormente, la sentencia debe consignar con detalle los razonamientos que la fundamentan.
También es preciso diferenciar al Consejo de Gobierno de otros órganos colegiados cuyos integrantes abusan del secretismo. Manifestaciones folclóricas de ese fenómeno incluyen la negativa del Instituto Nacional de Seguros (INS) a proporcionar las actas donde consta la discusión de un reciente aumento salarial para su personal y el alegato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva) sobre el secreto “reglamentario” de sus deliberaciones. En esas instituciones urge la aplicación de la ley en vigor desde noviembre.
