El Gobierno propuso aplicar a los salarios el impuesto sobre la renta a partir de ¢842.000 por mes y no de ¢941.000, como en la actualidad. Así, el proyecto de ley presentado el jueves a la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda Nogui Acosta y la ministra de la Presidencia Natalia Díaz, aumentaría la factura tributaria de decenas de miles de personas.
Como era de esperar, la propuesta se convirtió en la característica más sobresaliente del paquete de impuestos promovido en abierta contradicción con las promesas de campaña y constituye su flanco más débil ante el rechazo generalizado de las fracciones legislativas. Los salarios entre ¢842.000 y ¢940.000, hasta ahora exentos, comenzarían a pagar el tributo y los superiores a ¢940.000 pagarían mucho más.
La propuesta duró menos que la modificación de los horarios de la Policía. El lunes, el ministro Acosta le dio muerte, atribuyéndola a un “error personal”. Resulta llamativo el énfasis en la naturaleza “personal” del error, con clara exclusión de cualquier otro funcionario. El oficialismo no tardó en festejar la voluntad del jerarca de admitir públicamente la equivocación. La única otra posibilidad era persistir en la reforma con obvias consecuencias para el proyecto como un todo.
Por otra parte, no hay razón para festejar un error tan grande. Según el ministro Acosta, revisaron diversos escenarios y en el proyecto quedó el de cobrar a partir de ¢842.000, pero la voluntad de la administración es mantener la exención actual. ¿Cómo sucede un error de ese calibre en una propuesta de ley planteada al Congreso con toda formalidad? En una iniciativa tributaria, los porcentajes y rangos son esenciales.
Como ministro de Hacienda, el presidente Rodrigo Chaves planteó la creación de un impuesto solidario a los salarios de ¢500.000 en adelante. El gravamen básico era de un 5% y habría aumentado hasta el 25% según el monto del salario. No obstante, el presidente Carlos Alvarado pronto hizo público su rechazo a la idea. El error del ministro Acosta tiene cierto parecido con aquella propuesta.
En cualquier caso, el presidente Rodrigo Chaves culpó a las “voces del odio, mentirosas” de hacer creer que el gobierno propone nuevos impuestos. Esas voces tenían toda la razón, como queda admitido por el ministro de Hacienda. No obstante, el “error” no es el único incremento de la carga tributaria contemplado por la iniciativa, calificada como una “escalada brutal de impuestos con afán confiscatorio” por el diputado Eliécer Feinzaig, jefe de bancada del Partido Liberal Progresista (PLP).
Al coro de voces se suman las demás bancadas de oposición. “No apoyaremos ningún impuesto nuevo a la clase trabajadora y buscaremos la manera de evitar que esta nueva iniciativa afecte a los costarricenses”, dijo Óscar Izquierdo, jefe de los liberacionistas, quien reprochó el incumplimiento de la promesa de no aumentar impuestos.
Juan Carlos Hidalgo, presidente de la Unidad Social Cristiana (PUSC), también entiende la iniciativa como un aumento de impuestos: “No es de recibo el juego de palabras del ministro de Hacienda, diciendo que los proyectos no tienen una connotación de recaudación, si lo que está planteando la administración Chaves es un aumento de tasas, eliminación de exenciones, ampliación de bases y reducción de umbrales. Y esto es aún más injustificable puesto que ni siquiera hay una necesidad fiscal que llenar con los impuestos planteados”.
Fabricio Alvarado, jefe de la fracción de Nueva República, sostuvo que la propuesta es un nuevo “paquetazo de impuestos”. “¿Quiénes nos piden apoyar siempre al Gobierno seguirán pensando igual al enterarse de que quiere poner más impuestos?”, preguntó.
El Frente Amplio no ha fijado posición, pero el diputado Jonathan Acuña dijo haber encontrado “graves problemas” en la iniciativa, incluida la propuesta de gravar bienes de primera necesidad, como las sillas de ruedas. “También nos preocupa si al aplicar el impuesto de 30% flat sobre las personas jurídicas el Gobierno esté eliminando los beneficios de tarifas reducidas a pequeñas y medianas empresas”.
Aunque el error personal del ministro sea enmendado, toda la Asamblea Legislativa parece haber entendido la iniciativa como un intento de ampliar la carga tributaria, y eso sin mencionar siquiera los poderes pretendidos para la autoridad tributaria para secuestrar bienes, mercaderías o documentos, sin posibilidad de apelación ni intervención de un juez. Ese es un capítulo aparte.
