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Editorial: Honorarios profesionales

Los colegios fueron establecidos para velar por el correcto ejercicio de las profesiones, no por los intereses de sus agremiados. Nunca debieron tener a cargo la fijación de tarifas mínimas ni hay expresión más chocante de gremialismo que la elevación a principio ético del apego al precio mínimo.

El correcto desempeño de las profesiones no depende de un tarifario y, por suprema ironía, hay colegios muy celosos de imponer respeto al cobro mínimo legal, pero menos entusiastas a la hora de sancionar el mal comportamiento de sus agremiados, cuando esa es la función esencial.

Los tarifarios elevan el costo de hacer negocios y disminuyen la competitividad del país. Se suman a los numerosos timbres establecidos para dotar a los colegios de capacidades de fiscalización, pero, en la realidad, muchas veces invertidos en desarrollar y mantener instalaciones deportivas y recreativas para exclusivo disfrute de los agremiados.

La afectación no se limita al mundo de las inversiones y empresas. Se extiende a toda la población y a varios ámbitos de la vida. La compra de un vehículo, la construcción de una casa, la consulta médica, un tratamiento de ortodoncia y hasta el matrimonio civil están tasados en un folleto de honorarios.

El sistema de tarifas mínimas fijadas por los interesados ha sido blanco de críticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como factor distorsionador del mercado y lastre de la economía. En el país, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) se ha pronunciado en idéntico sentido.

Los colegios defienden su facultad de fijar tarifas argumentando la segura disminución de los precios, cuando de eso se trata. El argumento lo completan señalando el riesgo de uso de materiales baratos en casos como el de la odontología o la prestación de servicios masificados en busca de economías de escala, con sacrificio de la calidad.

Pero los honorarios mínimos no garantizan un trabajo de calidad. En un mercado abierto a la competencia, la calidad es un elemento diferenciador a cuyo amparo el profesional atrae clientes y cobra más. Para lidiar con el uso de malos materiales y la prestación negligente de servicios profesionales están los colegios. Esa es su función, y la mejor garantía de la prestación de servicios de calidad. Si la ejercen con rigor, los buenos servicios serán más baratos y los usuarios decidirán cuál propuesta de valor les resulta más atractiva.

En la práctica, ya ocurre. No son pocos los profesionales que cobran menos de la tarifa establecida. Es un secreto a voces. Es difícil detectar y sancionar la falta porque se pacta en beneficio del profesional y del usuario. A ambos les conviene mantenerla en silencio. Esta vendría a ser la definición de la competencia desleal temida por los colegios una vez eliminado el arancel. En la actualidad, el profesional respetuoso de las normas está en desventaja frente al colega dispuesto a correr el riesgo de cometer una falta de todas formas carente de sanción social.

Los decretos firmados por el presidente Rodrigo Chaves el miércoles, en Cartago, para derogar las tarifas mínimas de varios colegios merecen el apoyo de la ciudadanía, y las leyes prometidas para lograr el mismo efecto en profesiones donde la fijación de tarifas no puede ser eliminada por decreto merecen apoyo de los diputados.

La decisión gubernamental se fundamenta en el estudio publicado por la Coprocom en febrero del 2022 cuyas conclusiones se resumen en un pasaje: “Las tarifas mínimas limitan la autonomía de los profesionales, favorecen la colusión, restringen el acceso de los ciudadanos a los servicios y sostienen tarifas más elevadas que, a su vez, encarecen otros bienes y servicios que utilizan los servicios profesionales como insumo”.

Los colegios profesionales fueron establecidos para velar por el correcto ejercicio de las profesiones, no por los intereses de sus agremiados.

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