La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está quebrada, dice en tono tajante el presidente Rodrigo Chaves. Lo sabemos desde hace tiempo, pero no lo queremos admitir. Por eso, es bueno que lo diga el mandatario, sin ambigüedades ni los “maquillajes” antaño atribuidos a la institución. Por eso, debemos repetirlo quienes entendemos el papel de la institución en la estabilidad social y política del país.
Las finanzas del Régimen de Enfermedad y Maternidad son endebles desde hace muchos años, como se demostró con la crisis enfrentada por la administración de la expresidenta Laura Chinchilla. El detonante fue el irresponsable manejo de la planilla de la institución durante la administración anterior, con el presidente ejecutivo Eduardo Doryan al mando.
Durante el gobierno de Arias, la Caja creó 10.003 plazas, elevó el tope de cesantía a 20 años y concedió ruinosas alzas salariales. El gasto en remuneraciones se disparó del 65 al 75% del total. El desequilibrio financiero se manifestó a partir del 2010 y desembocó en la aprobación de medidas de emergencia.
El economista Daniel Muñoz Corea, funcionario de la institución, denunció en el 2008, antes de la crisis, la concesión de los beneficios “sin suficientes criterios legales, actuariales, económicos, financieros y presupuestarios que garantizaran el equilibrio, a corto plazo, y la sostenibilidad financiera, a largo plazo”, con base en información manipulada para aparentar la solvencia requerida.
Poco después, un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una comisión de notables y la propia administración coincidieron en señalar el desmedido crecimiento de los gastos de planilla como causa de la crisis. Muñoz, quien había sido jefe del Área de Investigación Económica, adscrita a la Dirección Actuarial, no se mostró sorprendido. Siempre supo que el crecimiento de la planilla, los aumentos y pluses salariales, el pago de tiempo extraordinario, la cesantía, las guardias y disponibilidades médicas conducirían al despeñadero.
La comisión creada por la expresidenta Chinchilla para estudiar la situación rindió un informe detallado, con decenas de recomendaciones. La institución aplicó unas pocas, resolvió el problema inmediato y siguió su camino hacia la quiebra, de cuya inminencia advierte el mandatario. Prueba de que la Caja no puede evitar un sinnúmero de tropezones con la misma piedra es el aumento salarial decretado por siete de los nueve directivos, con uno en contra y otro ausente.
Como en el pasado, la decisión ignoró las advertencias. Antes de la votación, la Dirección Actuarial advirtió a la Junta Directiva de que un incremento salarial general, retroactivo a enero del 2020, “acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”. La clave está en la palabra “acentuaría”, porque solo es posible acentuar lo que ya existe. El Régimen de Enfermedad y Maternidad encara una crisis cuyo estallido podría ocurrir en la presente administración. Por eso, celebramos la decisión de reconocer el peligro e instamos a la pronta búsqueda de una solución, pero no cabe duda de la necesidad de comenzar por la buena administración de la planilla.
El contraargumento de los defensores del gasto siempre ha sido exigir al Estado el pago de la famosa deuda acumulada por atención de indigentes y otros rubros. El monto, cuya precisión es cuestionable porque corresponde a una valoración de los servicios hecha por la propia Caja, es suficiente para sumir al gobierno en la bancarrota. Se trata de una quimera y la institución necesita decisiones fundadas en hechos.
