Una psiquiatra, con más de ¢3 millones mensuales de salario, se ausentó de su puesto en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia durante 456 horas (57 días laborales) en el 2021 y 516 horas (64 días laborales) entre enero y noviembre del 2022. Las ausencias obedecen a permisos para atender asuntos sindicales.
En ese tiempo, la psiquiatra sindicalista pudo haber atendido a unos 1.200 pacientes en el único hospital con servicio de internamiento por razones psiquiátricas, aparte del Hospital Nacional de Salud Mental, en Pavas. No obstante esa exclusividad, el centro médico sufre escasez de especialistas. Entre el 2015 y el 2022, el servicio pasó de 15 profesionales a 9 o, con mayor precisión, 8 y 1 de tiempo parcial debido a sus labores sindicales.
En noviembre del 2021, por ejemplo, la sindicalista solo atendió pacientes los lunes. Cuando se ausenta, el servicio de urgencias carece de atención psiquiátrica, según la carta donde Lorena Jiménez Castro, entonces jefa interina del Servicio de Psiquiatría, expuso el problema.
La valiente denuncia haría creer en una rápida reacción para corregir el abuso, pero la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) más bien abrió una investigación preliminar contra Jiménez, quien renunció a la jefatura interina a partir de este mes.
Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional (UMN), protestó ante la Gerencia General y la Gerencia Médica de la CCSS por las gestiones de Jiménez. La acusó de “una clara animadversión en contra del sindicalismo y del estado de derecho que nos rige”. También, pidió a las autoridades ordenar a Jiménez “abstenerse” de cuestionar “sin fundamento” los permisos sindicales. Por último, solicitó anular el oficio donde la jefa interina denunció la situación.
Los “cargos” contra Jiménez y las pretensiones del sindicato causan indignación. Los miembros del sindicato pertenecen a uno de los gremios mejor pagados en el Estado costarricense. Para asegurar esa ventaja salarial, existe la ley de enganche médico, a cuyo amparo los demás salarios no pueden acercarse a la remuneración del gremio porque todo aumento necesariamente se aplica, inmediatamente, a los trabajadores de la salud.
En cambio, entre los pacientes atendidos en el Calderón Guardia están las personas más humildes, y llegan al hospital con dolencias que muchas veces agravan su situación económica. Esta es la realidad de la mayoría de los pacientes necesitados de atención psiquiátrica. La Dra. Jiménez aboga por ellos, y eso la convierte, a ojos de la dirigencia, en enemiga del sindicalismo y el Estado de derecho.
En consecuencia, hay que silenciarla, sea mediante órdenes de la jerarquía o a través de un proceso para investigar por qué se atrevió a expresar preocupación por los asegurados. Los cuestionamientos de Jiménez, por lo demás, no tienen “fundamento” si se considera razonable la desatención de una multitud de asegurados a cambio de la intensa actividad sindical de la psiquiatra.
Urge una investigación, pero en el sentido radicalmente opuesto. El artículo 84 de la Normativa de Relaciones Laborales de la Caja limita las licencias a dirigentes sindicales. Las agrupaciones con 500 afiliados o menos pueden tener un día de licencia al mes. Si los miembros son entre 500 y 2.000 afiliados, tienen derecho a dos días, y si los afiliados son más de 2.000, la norma permite hasta tres días mensuales.
Es indispensable saber por qué, en este caso, se sobrepasan los límites establecidos y, si hay falta, quién debe responder por ella. Además, el Estado de derecho debe valorar si los límites establecidos son razonables, independientemente de la función desempeñada por el sindicalista y la necesidad de garantizar la continuidad de servicios tan esenciales.
