Desde que fue elegido presidente en el 2017, Emmanuel Macron fijó como el principal norte de su política interna la reforma de una serie de leyes y procedimientos que limitaban el empleo, la productividad, las inversiones, la salud financiera, la transparencia y —a más largo plazo— la sostenibilidad de su pacto social. Durante su primer período y, en menor medida, lo que lleva del segundo, ha cosechado grandes logros en tal sentido. El país es más dinámico y robusto, y mantiene uno de los esquemas de prestaciones sociales más generoso (y dispendioso) de Europa. Pero ese proceso de cambios llegó esta semana a un punto en que la estabilidad social y política está en riesgo. Esperamos que sea superado.
El origen de la actual situación es el mismo gran obstáculo que frenó a varios de sus predecesores: la reforma al sistema de pensiones. Macron, sin embargo, no se detuvo ante él, por razones estructurales muy poderosas. Con una población crecientemente envejecida, una alta expectativa de vida y una edad de retiro de apenas 62 años, la necesidad de elevarla es impostergable.
No se trata solo de un imperativo financiero, porque en pocos años el sistema será claramente deficitario y obligará a utilizar recursos del presupuesto nacional. Por esto, el cambio también tiene relación con la equidad: de seguir todo igual, se generará un peso cada vez mayor sobre la población económicamente activa, con el resultado de mayores impuestos, o reducción en otras prioridades presupuestarias que trascienden los intereses de un grupo específico; en este caso, los jubilados. Quienes más sufrirían, a mediano plazo, serían los jóvenes actuales.
En el 2019, cuando su partido tenía una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), Macron presentó un plan para elevar la edad de jubilación que, como los anteriores, fue recibido con grandes protestas. Inmersos en la pandemia, el proyecto fue frenado.
Hacia las elecciones presidenciales de abril del 2022, la reforma fue crucial en su plataforma de reelección. Ganó cómodamente en segunda vuelta a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen; sin embargo, en las legislativas, celebradas en junio, perdió el control de la Asamblea. Su partido obtuvo 250 curules, 39 menos que las necesarias para hacer mayoría. Fue en estas difíciles condiciones políticas que replanteó su proyecto para elevar la edad de retiro a 64 años, por debajo de la media europea, que supera ligeramente los 65.
A pesar de su gran necesidad, el plan es altamente impopular. Esta vez, pese a su relativa modestia, fue recibido con un rechazo gremial mucho más intenso que en la anterior, y por una oposición parlamentaria mucho más férrea y estridente. En tales condiciones, lograr el apoyo parlamentario suficiente para aprobarlo se convirtió en una tarea titánica para la primera ministra, Élisabeth Borne. Contar con los 61 votos de Los Republicanos, derecha tradicional favorable al retiro a los 65 años, parecía factible. Sin embargo, a última hora una facción disidente le retiró el apoyo.
El Senado la aprobó el jueves en la mañana, pero ante la imposibilidad de obtener mayoría en la Asamblea, en la tarde del mismo día, Macron decidió no someterla a votación. En su lugar, invocó un procedimiento extremo contemplado por el artículo 49.3 de la Constitución: aprobarla por decisión del Ejecutivo. Este fue el detonante que originó la peor crisis política y social de su mandato, con consecuencias difíciles de predecir.
Ante esta medida, la Constitución contempla la posibilidad de que se pueda presentar una moción de censura al gobierno (el gabinete, no el presidente). Si pasa en la Asamblea, el proyecto de reforma sería derrotado y todos los ministros tendrían que renunciar. Si se rechaza, se mantienen en firme tanto la ley como el gobierno. El viernes, un conjunto de diputados opositores independientes y el Frente Nacional, de Le Pen, presentaron votos de censura. Se prevé que sean votados en los primeros días de la próxima semana, incluso, el lunes.
La posibilidad de que tengan éxito no puede descartarse. Lo más probable, sin embargo, es que fracasen. Los Republicanos, hasta ahora sin fisuras, rechazan esa posibilidad, y conformarían mayoría con el partido de Macron. Aun así, la crisis difícilmente cesará. Violentas protestas estallaron el jueves en varias ciudades del país, y los líderes de todas las centrales sindicales anunciaron huelgas para la próxima semana. La oposición, por su parte, habla de cuestionar el texto en la Corte Constitucional e, incluso, de organizar un referendo, algo que tomaría, cuando menos, varios meses.
Macron se juega el futuro de su gobierno. Desde el ámbito de su responsabilidad como gobernante, hay que agradecerle su persistencia y firmeza. Deseamos que la reforma se consolide, pero las heridas abiertas auguran un largo proceso de inestabilidad y mayor polarización política y social, en medio de una pérdida de legitimidad política y ciudadana.
Es un enorme precio que pagar. La opción, sin embargo, sería continuar por el camino hacia la insostenibilidad de las pensiones, con consecuencias mayores a largo plazo. Es algo sobre lo que tenemos que aprender en Costa Rica. Mejor actuar a tiempo, antes que llegar a una crisis en la que toda solución será más difícil.
