Un informe de la Contraloría General de la República pone en duda la calidad del gasto en el Ministerio de Educación Pública (MEP), una de las dependencias estatales con mayor cantidad de recursos a su disposición. Si bien el cumplimiento de la norma constitucional que asigna el 8% del producto interno bruto a la educación ha sido objeto de debate, nadie disputa lo cuantioso del gasto. La discusión sobre su suficiencia solo cobra sentido si las dudas sobre su calidad quedan satisfechas.
El 25% del presupuesto del MEP, unos ¢622.000 millones anuales, se invierte en programas carentes de metas claras, sin una definición de los resultados esperados ni certeza de la población meta. En esas circunstancias, como resulta evidente, tampoco es practicable la evaluación. Las conclusiones de la Contraloría no apuntan a ahorrar parte de ese dinero sino a la necesidad de invertirlo bien, en programas para mejorar el servicio brindado a los ciudadanos.
Las referencias directas son a programas de definición y planificación de la política educativa; servicios de apoyo a la gestión, desarrollo y coordinación regional y el Consejo Superior de Educación. Según la Contraloría, los ¢715.721 millones ejecutados al 31 de marzo pasado no se vinculan con un plan operativo institucional, porque ese documento orientador todavía no existía.
Otra razón para dudar del aprovechamiento de los recursos es la falta de medios para estimar el costo de atender las necesidades de la población y la escasa capacitación del personal en las habilidades requeridas para presupuestar por resultados. “Existen productos e indicadores del plan operativo institucional del MEP para el 2021 que no coinciden con los incorporados en el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para ese período”, dice la Contraloría.
No hay un diagnóstico de las necesidades de la comunidad educativa ni instrumentos para evaluar los efectos de la gestión institucional sobre ella. “El MEP no dispone de datos actualizados y formalizados sobre sus programas, proyectos y actividades con los respectivos responsables, plazos, indicadores y su seguimiento y evaluación”, afirma el órgano contralor.
El informe no debe pasar inadvertido, no solo por la importancia de las sumas involucradas, sino también por la función estratégica del MEP en la calidad de vida de la población y el desarrollo nacional. La educación es un área donde los recursos no se deben escatimar, pero en un país con las dificultades fiscales del nuestro cada céntimo debe ser aprovechado al extremo.
La insatisfacción de la Contraloría con la calidad del gasto en el MEP contrasta con las serias deficiencias atribuibles a la falta de inversión, como los 900 centros educativos con órdenes sanitarias sin atender. Buena parte de los recursos necesarios para hacer las reparaciones están en la caja única del Estado, pero no pueden ejecutarse por falta de gestión.
En este caso concreto, no lo dice la Contraloría, sino el propio viceministro administrativo de la institución, Leonardo Sánchez. “Esos ¢95.000 millones han estado históricamente en la caja única y ahí sí es un problema de gestión del MEP, en conjunto con las juntas, porque esa plata tiene años de estar ahí. Lo que nos preocupa es la pérdida de valor de los recursos en el tiempo”.
Se trata de un aspecto de la compleja gestión del Ministerio, pero demuestra el punto destacado por la Contraloría. El divorcio entre presupuesto, necesidades y resultados no podría ser más obvio. Tampoco las consecuencias para el proceso educativo y para los destinatarios del servicio.
