Veintidós diputadas de todos los partidos representados en el Congreso firmaron un manifiesto, acogido mediante moción de orden por holgada mayoría en el plenario, para exigir transparencia en las negociaciones de conformación del Directorio legislativo y pidieron hacerlas girar en torno a una agenda nacional.
La reducción del costo de vida, el incremento de la seguridad ciudadana, la transformación del sistema educativo, el fortalecimiento de los sistemas de salud y pensiones, y la protección del ambiente son los temas propuestos para conformar la agenda. El acierto del listado es innegable. Para completarlo, apenas faltarían iniciativas relacionadas con la reactivación económica y la lucha contra la pobreza.
Pero la buena acogida del manifiesto en la Asamblea Legislativa, donde solo la fracción oficialista le rehusó su apoyo —con la salvedad de Luz Mary Alpízar, de cualquier forma distanciada de la bancada de gobierno— contrasta con la realidad de las negociaciones conocidas hasta ahora.
La transparencia ha brillado por su ausencia y los asuntos de fondo también, salvo las ambiciones del Ejecutivo de cortar alas a la Contraloría General de la República y, según otras versiones, la venta del Banco de Costa Rica y la reforma legal destinada a permitir la construcción de la Ciudad Gobierno mediante el sistema escogido por la administración.
Aparte de ese acuerdo, logrado el viernes antepasado y pronto condenado al fracaso por el discurso del presidente Rodrigo Chaves en Limón, donde atacó a dos diputados, la contralora Marta Acosta y la institucionalidad del país, poco se sabe de las conversaciones para recomponer una mayoría, probablemente orientada a reelegir al actual presidente legislativo, Rodrigo Arias.
Las diputadas pidieron transparentar la negociación, haciendo públicas las aspiraciones de cada fracción y los compromisos asumidos para generar confianza en el trabajo legislativo y garantizar la duración de los acuerdos. Si el planteamiento prospera, habría oportunidad de legislar a favor de verdaderas políticas de Estado en los asuntos más trascendentales del quehacer nacional, pero la realidad de días recientes abre poco espacio para la esperanza.
En cambio, el Congreso podría comprometerse con el llamado general del manifiesto a defender la institucionalidad y recuperar el debate respetuoso, fundado en la verdad y alejado del descrédito del adversario, la institución a la cual representa, la legalidad y las normas constitucionales.
El abandono de las salvaguardas tradicionales del debate democrático, comenzando por la civilidad, es presupuesto para otro de los males denunciados por el manifiesto: la violencia política desatada contra las mujeres, con tendencia a intensificarse en las más altas esferas del poder público.
Si el documento firmado por las diputadas y acogido por el plenario lograra esos objetivos —el compromiso con la institucionalidad y el restablecimiento de la discusión responsable—, habría un progreso notable en la urgente tarea de poner coto al populismo estéril y la creciente hostilidad en la sociedad costarricense.
Para lograrlo, hace falta firmeza y voluntad frente a cada exceso retórico, pero el reclamo de las legisladoras contra la marginación de las mujeres en las negociaciones políticas debería ser atendido antes del primero de mayo para reflejar una nueva actitud en la próxima legislatura.
Kattia Cambronero, principal promotora del manifiesto, exigió incorporar a las diputadas en los procesos de toma de decisión, con voz y no solamente como votos sumados al final. Monserrat Ruiz reclamó la ausencia de discusión sobre la posibilidad de elevar a una mujer a la presidencia del Directorio. Gloria Navas añadió que no se trata de “un pleito contra los varones”, sino de un “ejercicio democrático” de sus derechos. A juzgar por la sensatez del manifiesto en su totalidad, urge abrir mayores espacios a las diputadas.
