La salud mental siempre ha venido a la zaga entre las preocupaciones de la atención médica estatal. Por eso no sorprende, en medio del debate sobre las listas de espera, la posposición de las soluciones y el improbable éxito de las correcciones anunciadas hasta la fecha, que ese aspecto del bienestar siga relegado pese a la intensificación de sus manifestaciones después de la pandemia de covid-19.
Ocho estudios de las universidades públicas acreditan que más de 1,3 millones de costarricenses mayores de edad sufrieron tristeza, ansiedad, enojo, perturbaciones del sueño, fatiga, dolores y miedo a enfermar durante los dos años de pandemia. Más de 800.000 padecerán secuelas psicológicas prolongadas.
Sin embargo, como informamos en octubre, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tarda hasta seis meses en atender por primera vez a un asegurado con necesidad de consulta psiquiátrica, y ahora informes solicitados por la Defensoría de los Habitantes señalan que los pacientes dados de alta esperan entre seis meses y más de un año para lograr una cita de seguimiento.
Son esperas peligrosas para los pacientes y sus familiares, no solo por la disrupción de la convivencia y el sufrimiento de todos los involucrados, sino también por la posibilidad de desenlaces trágicos. Para evitarlos y facilitar la vida del paciente y su familia, la atención, aparte de oportuna, debe ser constante y con la periodicidad señalada por el médico.
Por todas esas razones, la Defensoría decidió investigar de oficio si la CCSS dispone de protocolos para dar seguimiento a los pacientes egresados de sus hospitales, si hay estrategias para referirlos a otros centros de salud, cuál es el procedimiento para definir el reingreso o rechazo de un paciente y si existe apoyo profesional para las familias, además de un programa de visitas domiciliarias.
Todo eso haría falta para facilitar la transición al mundo exterior de quienes tuvieron, en el ambiente hospitalario, atención especializada para sus crisis de ansiedad, pánico, depresión, lesiones autoinfligidas o intentos de suicidio, entre otros padecimientos. Aun así, la reinserción en el hogar y en la sociedad a menudo se dificulta por falta de condiciones adecuadas.
“Preocupa a la Defensoría que las personas con problemas de salud mental deban lidiar con una sociedad que las estigmatiza y discrimina” y por el impacto de tales situaciones “en la vida familiar y su actividad productiva”, afirma en un comunicado de la institución sobre las razones para emprender el examen de la atención brindada a los pacientes después de dejar el hospital.
La falta de seguimiento desemboca en más gastos y presión sobre los limitados recursos de la asistencia médica psiquiátrica, porque los servicios de emergencias reciben pacientes afectados por nuevas crisis, a menudo necesitados de internamiento. El Hospital Nacional de Salud Mental es el único con servicio permanente de emergencias psiquiátricas, pero no da abasto. En los demás centros médicos escasea la atención especializada.
Pero la atención de la salud mental no puede quedar confinada a los hospitales. Las preguntas de la Defensoría apuntan a la necesidad de acompañar a los pacientes y sus familias fuera de los centros de salud, y los plazos de espera de más de un año para las citas de seguimiento demuestran lo lejos que estamos de ese ideal.
La pandemia agravó la presión sobre los servicios de salud mental, pero siempre fueron insuficientes para enfrentar la demanda, que crecerá de forma orgánica según envejezca la población nacional. En el campo de la salud mental, la seguridad social debe acelerar el paso para cerrar la brecha actual y, luego, intentar seguirle el ritmo al futuro.
