La Sala Constitucional dejó sin efecto la orden girada por la ministra de Salud, Joselyn Chacón, a sus subalternos para exigirles tramitar una autorización de su despacho antes de hablar con la prensa. La jurisprudencia es reiterada y no cabía duda del resultado. Basta con revisar las condenas a la Asamblea Legislativa, en el 2015, y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el 2020, para entender el claro derrotero de los magistrados.
No obstante, la ministra todavía alberga dudas. Solo conocemos el voto, dijo, porque la sentencia está en proceso de redacción. Es cierto, como siempre ocurre en la Sala, pero la funcionaria yerra de nuevo si espera del texto definitivo una variación sustancial en cuanto al fondo.
Ya la Sala declaró inconstitucionales, en consonancia con su jurisprudencia anterior, las instrucciones redactadas por la ministra en los siguientes términos: “Se les reitera que la Unidad de Comunicación es la encargada de gestionar todas las consultas y entrevistas que solicitan los medios de comunicación y/o periodistas (…). Ningún funcionario debe brindar declaraciones o información sin antes contar con la aprobación respectiva, la cual se canalizará desde la Unidad de Comunicación al Despacho de la ministra”.
Según la funcionaria, el propósito de la orden era permitir a todos los empleados hablar con la prensa, porque hasta ese momento solo podían hacerlo las personas designadas al efecto. Ese propósito no se logra exigiendo autorización de la jerarca para brindar información o declaraciones. Por el contrario, bastaría con recordar a los funcionarios su derecho —y en determinados casos su deber— de manifestarse sobre los asuntos propios del cargo.
No obstante, la reacción de la ministra al voto de la Sala Constitucional contiene un pasaje revelador de los verdaderos propósitos de la circular dirigida al personal. La creación de una jefatura de Comunicación, afirmó la funcionaria, le “pareció la forma más ordenada para manejar un discurso uniforme”. La candorosa declaración explica lo que de todas formas resulta obvio: la intención era imponer un solo discurso, sin disensiones ni indiscreciones; una sola versión de los hechos unificada por el criterio de doña Joselyn Chacón y propagada por voceros de su confianza.
La fórmula es autoritaria al punto de resultar ingenua toda pretensión de aplicarla en una democracia funcional. La Sala Constitucional no solo se ha pronunciado en respaldo del derecho de los funcionarios a expresarse libremente, sino también de denunciar desviaciones de la entidad donde laboran.
Hace seis años, los magistrados dejaron sin efecto la suspensión de cinco días sin goce de salario impuesta al jefe de talleres del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) por conversar con la prensa sobre el deficiente mantenimiento de los trenes Apolo. El funcionario habló claro sobre la falta de repuestos, las medidas de urgencia tomadas para mantener los trenes en operación y el “reciclaje” de piezas o su búsqueda entre la chatarra. El jefe de talleres fue más allá y criticó la pasividad de la administración del Incofer ante hechos tan preocupantes.
El caso ilustra la amplísima libertad de los funcionarios costarricenses para expresarse, incluso con sentido crítico, sobre las instituciones donde laboran. También ilustra el indiscutible valor de esa libertad para la sociedad. El jefe de talleres, con indiscutible autoridad en razón de su cargo, advirtió al país de prácticas peligrosas en uno de los medios de transporte público más utilizados. Permitir la represión de esas manifestaciones sería tender un velo de secreto inaceptable y peligroso, además de abrir a los jerarcas un portillo para manipular la información.
Según la Sala, las manifestaciones del jefe de talleres están protegidas por las garantías constitucionales de la libre expresión, no obstante el vínculo laboral con la entidad pública criticada. Los diputados harían bien en profundizar esas garantías mediante una ley para brindar especial protección a los funcionarios conocedores de anomalías cuya divulgación sirva al interés público, enriquezca la discusión de los problemas nacionales y contribuya a darles solución. Otros países han promulgado leyes para proteger a los “silbateros” (whistleblowers) que desde sus cargos llaman la atención de la sociedad sobre irregularidades capaces de afectarla. ¡Ese sí sería un avance innovador en la lucha contra la corrupción y la inoperancia!
