El aumento de contagios del virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, obligó al Ministerio de Salud a alertar a la población sobre falsedades publicadas en las redes sociales en relación con nuevas medidas sanitarias, como el cierre de fronteras, la obligatoriedad de la mascarilla y las restricciones vehiculares. Las autoridades desmintieron las informaciones fraudulentas y negaron la posibilidad de adoptar semejantes medidas por el momento.
El Ministerio de Salud vigila el comportamiento del virus y si fuera necesario actualizar o tomar alguna medida para combatirlo informará al país mediante los canales oficiales, dijeron los responsables. Las mentiras difundidas por las redes sociales intentan alarmar a la población utilizando el nombre y la imagen corporativa del Ministerio para crear incertidumbre sobre la pandemia, insistieron.
Frente al engaño, la credibilidad de las autoridades de Salud es un activo de valor inestimable. Es necesario protegerlo, no para beneficio de una administración en particular sino de la salud pública actual y futura. Pocas funciones del Estado dependen tanto de la confianza del público para asegurar el éxito.
Confiamos en el Ministerio de Salud cuando compramos fármacos autorizados por sus técnicos y cuando suspendemos su uso por alguna advertencia. Su credibilidad facilita el acatamiento de medidas incómodas para combatir una pandemia, como sucedió con la covid-19, y conduce a los ciudadanos hasta los centros de vacunación, no solo contra el coronavirus, sino también contra tantas enfermedades prácticamente erradicadas o controladas en el territorio nacional.
Por eso debería ser impensable la paradoja de un Ministerio dedicado a desmentir falsedades publicadas en las redes sociales mientras su jerarca admite, en la Asamblea Legislativa, el empleo de troles pagados para desprestigiar a periodistas críticos de su labor. Para empeorar las cosas, en algún momento, la ministra Joselyn Chacón atribuyó los pagos a un trol a su contratación para impulsar una campaña de salubridad.
Quedamos en espera de una explicación del contenido de la campaña, las razones para no financiarla con recursos del Ministerio ni promoverla por los canales oficiales. Por su parte, el administrador del trol dice haber recibido el dinero para cumplir la función finalmente descrita por la ministra ante los diputados.
No obstante, si la versión de la funcionaria fuese cierta, la falta de buen juicio resultaría suficiente para cuestionar su permanencia en el cargo. La contratación de un personaje ficticio, capaz de aceptar una retribución económica para desacreditar a terceros, es totalmente incompatible con la credibilidad necesaria para el éxito de una campaña sanitaria. Poner el mensaje del Ministerio de Salud en esas manos sería un riesgo inaceptable.
El mensaje, en este caso, ya está en manos de una ministra cuya credibilidad está en entredicho, pero sugerir el uso de troles para desarrollar una campaña oficial contribuye a la confusión y erosiona la confianza sobre la cual descansa, casi a modo de ironía, el llamado a no creer las informaciones publicadas en las redes sociales sobre nuevas medidas para combatir la pandemia.
Y no es necesario ir más allá de la pandemia para comprender la importancia de la credibilidad de las autoridades de Salud. En ese trance de vida o muerte, la desconfianza sembrada por grupos antivacunas y promotores de teorías de la conspiración costó cara en todos los países, no obstante la sensatez demostrada por la mayor parte de la humanidad.
Por eso tenemos derecho a exigir que no haya sombra de duda cuando el Ministerio de Salud advierte contra las mentiras y, al mismo tiempo, “hace un llamado a completar los esquemas de vacunación contra la covid-19, el cual consiste en tres dosis y una cuarta de refuerzo, con el fin de evitar casos graves, hospitalizaciones y fallecimientos por esta enfermedad” (sic).
