Lo dicen el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas y múltiples investigadores nacionales, entre ellos, el Programa Estado de la Nación. Costa Rica se ha venido partiendo en dos a lo largo de las últimas tres décadas y ahora está entre los países más desiguales del continente. En el 2021 alcanzamos el nivel más alto de desigualdad por ingresos desde 1987.
Todos los países pasaron por la crisis financiera del 2008 y sufrieron los estragos de la pandemia, pero el nuestro emergió más desigual, pese a la relativa rapidez de su recuperación económica y la resiliencia de los sectores más dinámicos de la economía. Parte del impulso a la desigualdad es la falta de participación de amplias capas de la población en los beneficios creados por esos sectores.
El problema no está en la apertura de la economía ni en la atracción de inversiones hacia las zonas francas, sino en la falta de políticas públicas aptas para redistribuir los réditos de la prosperidad y extenderla a otras actividades, como la agricultura. Costa Rica es más desigual que sus naciones vecinas, pero es más rica y goza de mayor desarrollo humano. No se trata de renunciar a esas ventajas, sino de aprovecharlas para recuperar una sociedad más igualitaria, capaz de renovar el compromiso con la democracia e impedir el surgimiento de la violencia.
Los investigadores del Estado de la Nación se manifiestan preocupados por la “normalización” de las condiciones desarrolladas a los largo de las tres últimas décadas. Algo hay de cierto en esa apreciación. Falta comprensión del peligro ínsito de la desigualdad para todos, incluidos los grupos más favorecidos, además de las razones de simple y pura justicia para hacer de su disminución una prioridad.
Pero el obstáculo mayor es la incapacidad para extender el diálogo político a los problemas más complejos y alcanzar acuerdos. Cuando mucho, las fuerzas políticas nacionales negocian temas puntuales, de corto plazo. Muchos son de capital importancia, y no por la inmediatez de los efectos o la perentoriedad del problema dejan de ser meritorios los esfuerzos desplegados para llevar la negociación a buen puerto.
No obstante, la urgencia de acometer temas estructurales de hondo calado es cada vez más evidente. Es fácil de constatar a partir de la evolución del índice de Gini y su improbable reversión si el país no adopta políticas públicas específicamente orientadas a lograrlo. La creciente desigualdad obliga a replantear la lucha contra la pobreza y el desempeño de los programas diseñados para combatirla.
Gracias a esas iniciativas, los índices de pobreza multidimensional tienden a ser mejores que las mediciones hechas únicamente por ingresos. El andamiaje asistencial funciona, pero es insuficiente, y algunos de sus puntales están falseados. Uno de ellos es la seguridad social, cuyas endebles finanzas hacen temer por la atención médica de la mayor parte de la población. Otra es la educación pública, antaño un eficaz factor de movilidad social y hoy sumida en el apagón pospandemia, para no hablar del deterioro paulatino en años anteriores.
La agenda exige voluntad política de todos los sectores. Académicos, trabajadores y empresarios deben fijar la vista más allá de los intereses inmediatos para reconstruir el pacto social subyacente a tantos éxitos nacionales, especialmente en la preservación de la democracia y la paz. El liderazgo debe salir de las instituciones políticas, partidos, Congreso y Poder Ejecutivo. La fragmentación experimentada en ese campo exige renovar la voluntad de diálogo y la apertura a la participación de todos. Si insistimos en desatender las advertencias, nadie saldrá ganancioso.
