Estados Unidos no ha querido identificar a los países que pueden «presentar potencialmente un mayor riesgo», pero las ONG ya avisan que volverá a afectar solamente a países musulmanes.
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Estados Unidos ha vuelto a autorizar la entrada de refugiados en su territorio, que llevaba 120 días paralizada, pero ha ordenado reforzar el escrutinio de sus solicitudes y ha excluido a los ciudadanos de 11 naciones no identificadas, cuyas peticiones se verán retrasadas al menos durante tres meses.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emitido este martes una orden ejecutiva que autoriza a su Gobierno a reanudar el procesamiento de solicitudes de refugiados, cuando caducaba el plazo de 120 días impuesto en un veto migratorio en vigor desde junio.
«Reanudar de forma general» la entrada de refugiados «es coherente con la seguridad y el bienestar de Estados Unidos», ha dicho en su decreto Trump, que desde su campaña electoral ha insistido en que entre los solicitantes de refugio podrían ocultarse terroristas.
La paralización de la entrada de refugiados durante 120 días, un plazo que expiró ayer, tenía como objetivo declarado el dar tiempo al Gobierno para revisar el proceso de trámite de las solicitudes de refugio en Estados Unidos, que de por sí ya es muy estricto y puede durar años.
Como resultado de esa revisión, el Gobierno de Trump ha anunciado que aplicará nuevas medidas de seguridad, que incluyen la recolección de más datos biográficos de los solicitantes de refugio y un mayor escrutinio de su historial en las redes sociales, para compararlo con las historias que presentan en sus solicitudes.
Las solicitudes de los ciudadanos de esos 11 países se considerarán «caso por caso» y podrán aceptarse solo si el Gobierno estima que eso apoyaría «intereses cruciales de política exterior, sin comprometer la seguridad nacional y el bienestar de EE. UU.».
Pese a la reanudación de la entrada de refugiados, el decreto de Trump ha generado críticas de algunos activistas, como la organización Internacional por los Refugiados (RI, en inglés).
«El Gobierno ha tenido más de seis meses para revisar esta política bajo la orden emitida en marzo (que entró en vigor en junio), y vuelve en octubre para reimponer algo que en general se puede considerar como otro veto poco razonable que afectará principalmente a los musulmanes», ha dicho el presidente de RI, Eric Schwartz, en un comunicado.
