Junto con la promesa de grandes avances en todos los campos del saber, la inteligencia artificial plantea aterradoras amenazas. Es perfectamente posible imaginar un mundo donde la distinción entre verdad y mentira sea difícil de establecer, con nefastas consecuencias para la vida democrática y el desarrollo de política pública en la totalidad de los ámbitos, para no mencionar los efectos nocivos sobre los individuos, tanto en su reputación como en su integridad física.
La lista de peligros es interminable, y si hubiera duda, basta con recordar la alarma de cientos de líderes de las empresas de tecnología y la dramática renuncia del profesor Geoffrey Hinton a su cargo en Google, con el solo propósito de recobrar la independencia necesaria para hablar con libertad sobre los riesgos de la tecnología a cuyo avance dedicó su vida.
Hinton, reconocido como el padrino de la inteligencia artificial, dice arrepentirse, al menos en parte, de sus contribuciones al desarrollo de la tecnología y previene del uso del instrumento para manipular electorados y afianzar el poder de líderes autoritarios. También advierte de un “riesgo existencial” si la tecnología consigue superar la inteligencia humana.
Elon Musk, uno de los referentes de la industria tecnológica, dijo haberse distanciado de Larry Page, cofundador de Google, porque no está tomando en serio los aspectos de seguridad. Acusó a Page de pretender, cuanto antes, una hiper inteligencia artificial. “Básicamente un dios digital, si se me permite la expresión”, afirmó.
Esos temores crearon consenso en todo el mundo sobre la necesidad de regular la nueva tecnología. En los círculos de expertos no se habla de otra cosa, pero nadie sabe cómo hacerlo. Cinco diputados costarricenses creen haber encontrado la fórmula: es cuestión de preguntarle a GPT-4. Los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología pidieron al programa pensar como abogado y asesor legislativo para redactar un texto compatible con nuestra Constitución Política. Así obtuvieron un proyecto de ley listo para entrar a la corriente legislativa después de una revisión humana.
La primera razón para sospechar de la iniciativa es su aparente obviedad. Si la solución está en GPT-4, uno de los primeros instrumentos de su naturaleza, la confusión imperante en el mundo es incomprensible. Habría que preguntar a GPT-4 por qué nadie se había dado cuenta antes de la epifanía en Cuesta de Moras.
Un segundo motivo para tomar el proyecto de ley con un grano de sal, y quizá una sonrisa, son las declaraciones de Sam Altman, presidente (CEO) de OpenAI, creadora de GPT-4, sobre las limitaciones de la nueva tecnología y “el error de depender de ella, por el momento, para cualquier cosa de importancia”.
Altman testificó ante un comité del Senado estadounidense y pidió a los legisladores regular el uso de la nueva tecnología, pero en ningún momento sugirió preguntar a su criatura sobre la forma de hacerlo. Por el contrario, propuso una serie de medidas de su propio ingenio. Lo mismo hicieron otros dos expertos comparecientes.
Una tercera razón para dudar es la instrucción proporcionada por los diputados a GPT-4 para que no actuara con ningún tipo de sesgo, ni de raza, ni de religión, ni de género. Para el programa es imposible cumplir ese mandato, porque su funcionamiento depende de la información existente en el ciberespacio y necesariamente refleja los prejuicios y sesgos incorporados a ella. Esa es una de las grandes limitaciones de GPT-4 y a nadie se le había ocurrido superarla con una simple instrucción al propio programa.
El caso evidencia la necesidad de profundizar la preparación de nuestra sociedad para un mundo donde la inteligencia artificial será un factor inevitable. La comprensión del instrumento, sus riesgos y limitaciones es una de las tareas más urgentes en la actualidad.
La inteligencia artificial nos volvió a todos importantes
