La lucha contra la criminalidad se ha visto desfinanciada en los últimos años, a pesar de la existencia de impuestos para ese fin. Recuperar esos recursos para fortalecer cuerpos policiales especializados es una de las propuestas que manejan exjerarcas de instituciones judiciales y expertos encargados de elaborar estrategias para combatir el avance del hampa en el país.
Esta idea está incluida en un plan fue anunciado este martes en una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, en la que participaron Gilberth Jiménez y Rodrigo Arias, diputados del Partido Liberación Nacional (PLN); Álvaro Sánchez González, presidente del Colegio de Abogados; Jorge Roberto Méndez, experto en seguridad; y Gustavo Mata, exministro de Seguridad.
La iniciativa, que busca generar un plan de trabajo para los próximos 15 años, tiene entre sus propuestas principales devolver al Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fondos provenientes de gravámenes como: el impuesto a las cajas de banano (ley 7313) y el impuesto a los casinos (ley 9050).
Esto ayudaría a solventar los profundos problemas presupuestarios que ha señalado el ministro actual de Seguridad, Jorge Torres, así como el ministro del Gobierno anterior, Michael Soto.
“Hay diferentes leyes, incluso una de 1979 aproximadamente, que la exportación de cada caja de banano generaba un impuesto para fortalecer la seguridad de la zona Atlántica, ese impuesto nunca llegó a su destino. Impuesto a casinos, nunca llegó a su destino. El impuesto a personas jurídicas, a cuentagotas”, señaló a La Nación Jorge Roberto Méndez, quien fungió como director del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, ente adscrito a Presidencia.
“Hay una serie de leyes que le dan recursos a la Policía. Se diseñaron con ese fin, se votaron afirmativamente con ese fin, pero con la situación económica del país se redestinan al pago de deuda u otros pagos, porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas pues, permite en cierta forma recoger esa fondos de diferentes instituciones e incluso hasta recortar presupuestos”, agregó Méndez.
Para mejorar la situación presupuestaria de los cuerpos policiales, los expertos recomiendan exceptuar de la regla fiscal los impuestos creados con este fin, una propuesta similar a lo que ya han sugerido anteriormente jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública.
En un documento enviado a los diputados, los exjerarcas agregan que el Código Penal y el Código Procesal Penal están desactualizados y ya no se ajustan a la actualidad de Costa Rica, en un momento en que los homicidios llegaron a cifras récord (656 en el 2022) y se inició el año 2023 con 43 asesinatos, es decir, más de dos al día. Según estadísticas judiciales, la mayoría de estos delitos son producto de ajustes de cuentas por asuntos de drogas y crimen organizado.
“Es de suma importancia accionar mesas de trabajo de expertos, para formular las reformas adecuadas de ambas normas, con la finalidad de actualizar la norma penal y procesal penal a la realidad criminal; por ejemplo sancionar conductas relativas al cibercrimen, delitos ambientales, y otros delitos emergentes”, indica el informe.
Este plan fue firmado por los exministros de Seguridad Álvaro Ramos Rechnitz, Fernando Berrocal Soto, Mario Zamora Cordero y Gustavo Mata Vega; los exviceministros de Seguridad Walter Navarro Romero y Luis Carlos Castillo Fernández; los exdirectores del OIJ Lineth Saborío Chaverri, Francisco Segura Montero y Rafael Ángel Guillén Elizondo; el exsubdirector del OIJ Gerardo Láscarez Jiménez y el ex fiscal general Francisco Dall’Anese Ruiz.
Otras propuestas incluyen la participación ciudadana para la prevención del delito, por medio de acciones para que menores de edad y jóvenes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad eviten involucrarse en actividades criminales.
“Para contar con una correcta intervención de prevención del delito, se debe hacer de forma integral, donde lo social, lo cultural, lo económico, lo educativo, se conjuguen para conseguir un adecuado desarrollo humano en las comunidades más propensas a ser víctimas de la delincuencia”, indica el documento.
Finalmente, la misiva propone redistribuir los recursos proveniente de la Ley de Impuestos de las Personas Jurídicas, de manera que el 50% vayan para el Ministerio de Seguridad Pública, 25% para el Ministerio de Justicia y el 25% para el OIJ.
El objetivo de estas propuestas es generar un plan a largo plazo que incluya los diferentes poderes de la República y se revise año con año, indicó Méndez, por lo que pronto espera incluir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en las conversaciones.
“Estamos en una emergencia nacional de seguridad y lo que estamos buscando es no recriminaciones, no traslado de responsabilidad, no señalamientos, sino más bien que nos sentemos jueces, Ministerio Público, Policía y Adaptación Social del Ministerio de Justicia a ver qué es lo que nos está aquí causando problema. Se analizan esos fenómenos y se les pone solución”, agregó.
