El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó el decreto mediante el cual el presidente de la República, Rodrigo Chaves, modificó la forma en que se verifica el cumplimiento de la regla fiscal cada año y con el cual aumentó el gasto público en más de ¢400.000 millones por año.
En criterio de los técnicos del FMI, la reforma redujo la transparencia en la comprobación de esta norma de control del gasto público.
A lo dicho por el FMI, se sumó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual instó este lunes 6 de febrero a respetar la regla fiscal, la cual considera clave en el “éxito” fiscal de Costa Rica. “Aconsejamos mantener la prudencia fiscal, después de una década de déficit fiscal. La información reciente muestra que se logró la meta del déficit dentro del plan del FMI; la regla fiscal ha sido clave para este éxito”, declaró Mathias Cormann, secretario general de esa organización de 38 países.
Desde junio, la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, ha sido enfática en que el decreto de Chaves implica “riesgos y efectos muy serios” para las finanzas públicas y por ello solicitó al Tribunal Contencioso suspender la norma. El caso sigue en trámite judicial y decreto está vigente.
La regla fiscal es un mecanismo legal que le impone un tope al crecimiento del gasto estatal de acuerdo con el nivel de endeudamiento del país y el ritmo de crecimiento de la economía. Para este año, el techo es de un 2,5%.
Antes del decreto, el cumplimiento del tope se verificaba al comparar el gasto real del año anterior contra el gasto real del año en evaluación.
El 22 junio del 2022, el decreto 43589-H modificó el mecanismo y estableció que la verificación no se haría midiendo gasto real, sino comparando el presupuesto inicial del año anterior con el presupuesto final del año en evaluación, es decir, incluyendo los efectos de las modificaciones presupuestarias que se hagan a lo largo del periodo.
Ese cambio abrió margen para aumentar el gasto porque la ejecución real suele ser inferior a lo presupuestado.
Al analizar la situación, el FMI advirtió que ahora el cumplimiento de la regla fiscal se hace únicamente en términos presupuestarios, en lugar del resultado final, y sin considerar el gasto financiado externamente.
El financiamiento externo, señaló el Fondo, representa una importante parte de los gastos de capital (obra pública y equipamiento) y se suma a la deuda del Gobierno.
Los técnicos expusieron que el decreto corrige los efectos no deseados de una fuerte subejecución como la ocurrida en el 2020 (año de la pandemia), pero a la vez torna menos transparente para el público el monitoreo del presupuesto final.
Para la gente, el seguimiento de las modificaciones del presupuesto requeriría un acceso frecuente al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y sitios web dedicados, explica el informe rendido por el FMI sobre la regla fiscal.
El documento agrega que el presupuesto final a menudo no tiene notas explicativas sobre la ejecución y que el uso de este parámetro, para verificar la regla fiscal, se desvía de la práctica común.
En esa misma línea, el FMI alertó de que, según la Contraloría General de la República (CGR), con la modificación no pueden imponer eventuales sanciones por incumplimiento de la regla fiscal porque el presupuesto final sigue siendo una estimación y no un resultado.
La Contraloría es el órgano encargado por ley de verificar el cumplimiento de la norma.
El economista José Luis Arce coincidió con el señalamiento de los técnicos del Fondo: “Me parece que el decreto afectó la transparencia en el sentido de que es más difícil para la ciudadanía seguir la pista a las modificaciones presupuestarias a lo largo del año, como requiere el decreto vigente”.
Una tercera fórmula propuesta por el Fondo
El FMI sugirió “enmendar” el mecanismo de verificación con el propósito de aumentar la transparencia de la aplicación de la regla fiscal y vincularla “de forma más cercana” al objetivo de la reducción de la deuda pública.
Propuso que la verificvación se haga comparando el presupuesto del año anterior, ajustado con la mejor estimación del financiamiento externo, con el gasto ejecutado en el año en curso.
El organismo internacional hizo énfasis en que la nueva base debe incorporar una estimación lo más exacta posible del gasto con financiamiento externo. Para ello, señaló, se podrían necesitar de cambios en los procedimientos del Ministerio de Hacienda.
“Esto se debe a que el presupuesto inicial solo contempla partidas del financiamiento interno, mientras que el financiamiento externo de proyectos es aprobado en procedimientos separados. Si la opción preferida no es factible, es requerido un análisis más detallado de la ejecución de proyectos financiados externamente, así como sus implicaciones en la deuda pública”, afirma.
Con este mecanismo, señalaron los técnicos, se evitarían las desviaciones ocasionadas por la pandemia de coronavirus, pero también se garantiza la transparencia para las personas, gobiernos y entidades internacionales interesadas en las finanzas de Costa Rica.
Asimismo, apuntan que se lograría una aplicación más rigurosa en aras de la sostenibilidad de las finanzas públicas costarricenses, detallaron en el informe.
“En comparación con el método actual para evaluar el cumplimiento (decreto de julio de 2022), aumentaría la transparencia y se vincularía más estrechamente con la reducción de la deuda pública”, apunta el informe.
Sobre esta propuesta, el economista José Luis Arce destacó que sería mucho más sencillo para los interesados “verificar los datos de ejecución presupuestaria”. No obstante advirtió: “Claro, si están disponibles. Recordemos que desde abril se ha perdido la buena costumbre de divulgar a tiempo y cada mes la información fiscal”.
“Al menos, para mí, la propuesta del FMI es una mejor aproximación a lo que parece entenderse de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, declaró.
Caso sigue en Tribunal Contencioso
En este mismo documento, el organismo internacional también cuestionó un proyecto de ley que impulsa el Gobierno sobre la regla fiscal. El plan pretende excluir de la norma el gasto de capital (obras y equipamiento) y el pago de intereses de la deuda pública.
A juicio de los técnicos del Fondo, esa propuesta socavaría la credibilidad de la regla fiscal en procura de contener la deuda y el gasto.
Contraloría pide a Tribunal suspender decreto de Chaves sobre regla fiscal
Cuando surgió el decreto de junio del 2022, la Contraloría defendió que, con el método original, se contenía más efectivamente el crecimiento del gasto público a lo largo de los años, debido a que la base a partir de la cual se establece el porcentaje de crecimiento máximo permitido era menor a la base que ahora usa el Gobierno.
El órgano contralor interpuso una acción judicial, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, al considerar que el decreto de Chaves permitiría aumentar el gasto público. También denunció que el mandatario modificó lo dispuesto en la legislación sin acudir a la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, a la fecha el Tribunal no se ha pronunciado.
La Nación había publicado que la reforma de Rodrigo Chaves le permitiría al Gobierno aumentar sus gastos hasta en ¢412.000 millones durante el año 2022, con efectos negativos para las finanzas públicas en los años siguientes.
Contralora: Decreto sobre regla fiscal tiene ‘riesgos y efectos muy serios’
Distinto al criterio de la Contraloría, el Ministerio de Hacienda defendió que la medida era necesaria al argumentar que el crecimiento de la deuda ha estado ahorcando el presupuesto de diferentes ministerios y que el crecimiento del tipo de cambio, en aquel momento, ha generado problemas en instituciones con compromisos en dólares.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, también alegó que la desaceleración de la ejecución del presupuesto, producto de la pandemia, generó desviaciones en la aplicación de la norma fiscal que estrujó el presupuesto público.
Durante el anuncio del decreto ejecutivo, en conferencia de prensa del 22 de junio de 2022, Chaves argumentó que sin los cambios el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no hubiese podido girar recursos a organizaciones para atender a niños y adolescentes. Asimismo, dijo, Cancillería no hubiese podido pagar salarios y gastos en embajadas.
