México
El grupo de expertos enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa (estado de Guerrero) fue blanco de espionaje por medio de un sistema adquirido por el Gobierno mexicano, reveló este lunes un estudio independiente.
Un teléfono utilizado por estos expertos recibió mensajes de texto con el propósito de ser infectado por el software de espionaje fabricado por la empresa israelí NSO Group, que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y criminales, indica un análisis de la Universidad de Toronto.
Los hechos ocurrieron a principios de marzo del 2016, poco después de que el grupo de la CIDH «criticara al Gobierno mexicano por interferir en su investigación, y mientras preparaba su reporte final», añadió.
(Video) Expertos de CIDH blanco de espionaje durante caso Ayotzinapa (AFP)
El análisis de la universidad canadiense confirmó además que «al menos 19 personas fueron blanco del programa NSO en México, incluyendo abogados, políticos, periodistas, activistas que combaten la corrupción, científicos, defensores de la salud pública, agentes gubernamentales y sus familiares».
El escándalo sobre el presunto espionaje estalló el 19 de junio a raíz de un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times, que reveló los hallazgos de la Universidad de Toronto y llevó a un grupo de activistas y periodistas a denunciar legalmente al Gobierno de México por intervenir sus teléfonos móviles.
La Presidencia de México negó estar detrás de estos espionajes y la Fiscalía General anunció una investigación sobre este caso.
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Pegasus envía mensajes SMS desde direcciones o dominios falsos supuestamente pertenecientes a servicios de noticias, redes sociales y hasta la Embajada de Estados Unidos, acompañados de enlaces maliciosos que al ser abiertos por el usuario permiten la infección del dispositivo.
Algunos de los compradores de este programa de espionaje son el Ministerio de Defensa Nacional de México y a la misma Fiscalía General.
El caso de los 43 estudiantes, desaparecidos en Iguala (sur) en setiembre del 2014, cimbró a México con multitudinarias manifestaciones que cuestionaron el Estado de derecho e incluso pedían la renuncia de Peña Nieto.
La Fiscalía General concluyó que todos los estudiantes habían sido masacrados por policías coludidos con narcotraficantes, que sus cuerpos fueron incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río. Sin embargo, hasta ahora solo han sido plenamente identificados los restos de un solo muchacho.
El grupo de expertos de la CIDH criticó fuertemente esta conclusión de la Fiscalía General, argumentando que no existe evidencia que la compruebe.
