La Justicia brasileña abrió este martes el quinto proceso contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de montar una red de corrupción que distribuyó dinero y cargos a partidos aliados.
El juez Sergio Moro, aceptó la denuncia contra Lula, su esposa Marisa Leticia Rocco y el exministro de Hacienda, Antonio Palocci, presentada la semana pasada por la Procuraduría General de la República.
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El magistrado Moro es el responsable de la causa “Lava Jato” y se encuentra a cargo de los cuatro procesos abiertos contra el exmandatario brasileño
La nueva acusación se basa en la presunta cesión de un terreno por parte de la empresa de ingeniería Odebrecht a Lula da Silva para la construcción del Instituto Lula y de un apartamento en San Bernardo del Campo, Sao Paulo.
Persecución Judicial
Al conocer la decisión del juez, el abogado defensor de Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins indicó que la denuncia contra Lula aceptada por Moro es otro acto que refuerza la manifiesta utilización de los procesos judiciales para perseguir al exdignatario, sus familiares y abogados.
Los abogados del expresidente de Brasil denunciaron que »el ansia desmesurada y creciente» que se observa entre agentes del Estado, obsesionados con probar las acusaciones lanzadas contra este.
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La defensores de Lula da Silva han denunciado reiteradamente la utilización de técnicas del llamado lawfare (persecución judicial con el propósito de eliminar enemigos políticos) por parte de Moro, los fiscales de Lava Jato y el Ministerio Público Federal.
En julio pasado la defensa interpuso una queja sobre la parcial y abusiva actuación del juez federal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aceptó la denuncia e instó al gobierno de Brasil a pronunciarse al respecto.
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Sectores y movimientos sociales han señalado que la persecución judicial contra Lula da Silva es para impedir que se presente como candidato a la presidencia de Brasil para las elecciones del 2018.
