Madrid
Dos influyentes líderes independentistas fueron enviados este lunes a prisión provisional, sospechosos por el delito de sedición, lo que amenaza con tensar la crisis entre los separatistas de Cataluña y el Gobierno central, tras un nuevo día de diálogo de sordos.
Luego de un cruce de cartas entre el presidente catalán, Carles Puigdemont y el jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, que evidenció el bloqueo de la peor crisis política en 40 años de democracia en España, la jornada culminó con noticias de los tribunales, donde también se libra la batalla.
Una jueza de la Audiencia Nacional, tribunal especializado en los casos más complejos, decretó prisión preventiva para los líderes de dos destacadas asociaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por el delito de sedición ligado a hechos ocurridos el 20 de septiembre en Barcelona.
La acusación los señala como los «principales promotores y directores» de una multitudinaria concentración ante un edificio del Gobierno catalán en el que la Policía española efectuaba registros para impedir el referendo de autodeterminación en Cataluña del 1.° de octubre.
Los manifestantes dañaron vehículos policiales y dificultaron por horas la salida de los agentes.
Esa noche, Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Cuixart, de Òmnium Cultural, se subieron sobre un vehículo de la Guardia Civil española y llamaron a «la movilización permanente». «Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa», clamó Sánchez, según el auto.
Mientras que los líderes fueron enviados a prisión provisional tras declarar ante la Audiencia Nacional este lunes, otros dos encausados por los hechos, el jefe de la Policía catalana (Mossos d’Esquadra), Josep Lluís Trapero, y una subalterna quedaron en libertad provisional.
La medida contra Sánchez y Cuixart provocó una cacerolada de protesta que resonó por varios minutos en r varios barrios de Barcelona y otros lugares de Cataluña. En la plaza Sant Jaume, de la capital catalana, se concentraban unas 200 personas que gritaban «Independencia».
A Trapero, quien se dio a conocer por su actuación como líder de la investigación de los atentados yihadistas en Cataluña en agosto, se le acusa también de sedición por no haber hecho supuestamente lo necesario a fin de impedir el referendo del 1.° de octubre prohibido por la Justicia, en el que se escudan los independentistas en su lucha por separarse de España.
El delito de sedición puede ser castigado con hasta 10 años de prisión en el caso de ciudadanos ordinarios, y de 15 años si se trata de autoridades.
Denuncian provocación. La medida contra Sánchez y Cuixart causó irritación en las autoridades catalanas, que la calificaron de «provocación» del Estado español, aun cuando llamaron a la calma.
«Lamentablemente, tenemos prisioneros políticos de nuevo», escribió en Twitter el presidente catalán.
«El Estado español está jugando a provocar, pero no podemos caer en eso», dijo el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, mientras que la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, calificó los hechos «barbaridad».
Tanto la ANC como Òmnium anunciaron varias movilizaciones: un «paro de protesta», el martes a las 12 m (4 a. m. hora de Costa Rica) y concentraciones silenciosas a las 7 p. m. (11 a. m. hora costarricense) ante las delegaciones del Gobierno central en Barcelona y otras ciudades.
«La movilización continúa, no podrán encarcelar a todo un pueblo», escribió Òminum en Twitter.
Tras el referendo del 1.° de octubre -con 43% de participación y 90% de síes-, Puigdemont hizo un amago de declarar la independencia al afirmar que asumía el mandato surgido de la consulta, pero dijo que su proclamación quedaba en suspenso para permitir un diálogo con el Gobierno central.
Mariano Rajoy le respondió con un requerimiento para que aclarase formalmente si había declarado la independencia, y le había dado plazo hasta este lunes.
Este es el primer paso para aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno central suspender la autonomía de una región si desobedece la ley.
Pero Puigdemont eludió contestar este lunes en su carta y ofreció dos meses para dialogar.
En respuesta, Rajoy insistió en que Puigdemont ya solo dispone de tres días, hasta el jueves a las 10 a. m. (2 a. m. hora de Costa Rica) para dar marcha atrás.
«Espero que en las horas que le quedan hasta el segundo plazo (…), responda con toda la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere», escribió el jefe del Gobierno español.
La presión sobre Puigdemont viene también del mundo económico: ante la incertidumbre política, del 2 al 11 de octubre 540 empresas hicieron gestiones para sacar sus domicilios sociales de Cataluña .
La última en hacerlo, este mismo lunes, fue Codorníu Raventós, una empresa que desde el siglo XVI produce vino en Cataluña y es famosa por su cava, un vino espumoso que compite con el champán francés.
