MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) –
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ha aprobado este lunes una medida con la que crear una comisión especial mixta que investigará los supuestos sobrecostes que se produjeron en la compra de 170 respiradores a una empresa española y que ya ha supuesto la encarcelación provisional del que fuera ministro de Salud Marcelo Navajas.
Durante una sesión ordinaria, la Asamblea ha dispuesto la creación de dos comisiones, una para investigar este supuesto caso de sobrecostes, mientras que la otra estará encargada de averiguar el grado de implicación de las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Boliviana de Aviación (BOA).
La comisión, cuenta el diario boliviano ‘Página Siete’, estará formada por los senadores y diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) Erwin Rivero, Ciro Zabala, Alicia Canqui, Tito Veyzaga, Edgar Montaño y Justino Jurado; por los de Unidad Demócrata (UD) Edwin Rodríguez y María Calcina; y por Helmut Salinas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
La Fiscalía de Bolivia investiga la adquisición con un presunto sobrecoste de 170 respiradores por los que el Gobierno pagó más de 27.000 dólares a la empresa española GPA Innova cuando su precio de mercado sería de unos 7.000 dólares. Otra empresa española, IME Consulting, ejerció como intermediaria.
El Gobierno, que hasta el momento ha desembolsado 2,2 millones, ha frenado la otra mitad del pago de los 170 respiradores, que los médicos apuntan que no sirven para las necesidades de Bolivia, con el objetivo de iniciar «un proceso de conciliación» con la empresa española que medió en la adquisición.
Navajas, quien ocupaba el cargo de ministro de Salud desde hace poco más de un mes, fue detenido el miércoles y horas más tarde destituido por la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien prometió mano dura con todos aquellos que tuvieran algo que ver con este caso.
El domingo, un juez de Bolivia decretó prisión provisional para Navajas, así como para el que fuera director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco, y para el también ya cesado director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, además de para el «testigo clave» Luis Fernando Humérez.
Otras dos personas implicadas, la exfuncionaria del AISEM Ana Mendoza y la consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Claudia Pérez deberán permanecer bajo arresto domiciliario también durante seis meses.
