Para que operaran a su madre, Ruxandra Ulisifoca tuvo que pagar 300 euros a un médico y 100 a un anestesista de un hospital a unos doscientos kilómetros de Timisoara. Ulisifoca, de 42 años, regenta un restaurante en Alcalá de Henares (Madrid) desde hace 10 años. Todas las veces que vuelve a Rumania tiene que lidiar con algún tipo de soborno o corrupción a pequeña escala. «Si no pagaba, no la habría atendido», cuenta. El 31 de enero, el Gobierno rumano aprobó por decreto despenalizar algunos delitos de corrupción y rebajar el concepto de conflicto de intereses. Esa misma noche, miles de personas salieron a las calles de Bucarest y otras ciudades en las que se consideran ya las movilizaciones más grandes desde la caída de la dictadura de Nicolae Ceaucescu, en 1989. Ni siquiera la retirada de la poémica ley rebajó la tensión, el domingo pasado, más de 600.000 personas inundaron las calles de Rumania.
Los rumanos que viven en otros países de Europa son dos millones; 700.000 de ellos residen en España: una comunidad que mira con prudente optimismo las manifestaciones de estos días, y expresa su preocupación ante la actuación del Gobierno del partido Socialdemócrata que aprobó la medida de noche. «Encima han intentado hacerlo a escondidas», dice Luminita Marcu, profesora de literatura rumana en la Universidad de Salamanca. “La corrupción en Rumania es una infección”, recalca. Marcu llegó a España en 2010 como responsable del Instituto de cultura rumano de Madrid. Tiene una hija de nueve años y cuenta que decidió dejar su país para protegerla del sistema agotador de pequeños sobornos, colas preferenciales y favores con el que nunca ha tenido que enfrentarse en España. «Aquí puede haber corrupción política, pero no tiene nada que ver con la corrupción a pequeña escala que llega a todos los rincones de la vida civil», añade.
Una experiencia compartida por Andreis Vasile, de 26 años, que vive desde hace seis años en el madrileño barrio de Carabanchel. Vasile quería ser militar, pero asegura que los 200 puestos disponibles «fueron repartidos» entre amigos de funcionarios y personas que podían comprar la plaza. Pese a todo, este joven quiere volver a su país. Cuando supo que el decreto se había aprobado, creó un evento en Facebook y llamó los rumanos a protestar el sábado 4 de febrero ante la embajada de Madrid. Acudieron más de 600 personas. «Tenemos que luchar junto a los que se han quedado allí», dice. Vasile cuenta que no ha tenido que enfrentarse a prejuicios.
Marcu, filóloga, explica esta facilidad de integración por la cercanía del idioma —el rumano es el único latino entre los que se hablan en el bloque del Este— y de las culturas. En las tiendas de Alcalá de Henares, donde se concentra la mayoría de la población rumana residente en Madrid, se pueden comprar mititei (una clase de salchicha de carne picada) y mămăligă (polenta); y en los comercios de la zona se reparte el periódico El rumano. “No se me ocurre nada que un rumano no pueda conseguir aquí”, dice Irina Sintimbreu, locutora de a radio Romanul, una emisora en rumano con más de 200.000 oyentes en FM y sede en Alcalá.
Sintimbreu tiene 37 años, lleva en España más de 15 años y dice que nunca se ha visto afectada directamente por el sistema clientelar descrito por sus compatriotas. Recuerda, no obstante, que en los edificios públicos se colgaban carteles con la advertencia: «No sobornes, ni aceptes sobornos». D. T, un empresario de 44 años del sector de la construcción que no prefire dar su testimonio de manera anónima, confiesa haber sobornado para conseguir contratos tanto en Rumania como en España, donde tiene a cargo 70 empleados. D. T admite haber tirado la toalla: “Estas protestas no sirven para nada, porque la corrupción es estructural», afirma. Según explica Vasile, hay una división entre la comunidad rumana residente en España: «Para los que no quieren volver es más fácil no involucrarse en las protestas.»
En los últimos cuatro años, Rumania ha registrado avances en materia de lucha a la corrupción, endémica en el país. El año pasado la Dirección Nacional Anticorrupción (la DNA, la fiscalía especializada), una de las instituciones más respetadas del país, llegó a sentar en el banquillo a más de 1.200 funcionarios. Según el estudio de la organización Transparencia Internacional ha mejorado cuatro puntos desde 2012: ahora ocupa el lugar 57 de un ranking de 197 países. Marcu cree que estas protestas son el reflejo de la defensa de la transparencia, un valor que se ha ido haciendo hueco desde la entrada de Rumania en la UE hace ya una década. Desde entonces, los rumanos son entre los que más se han desplazado a otros destinos comunitarios. “Europa es la única garantía que tenemos de que Rumania siga siendo un país normal”, dice. Sintimbreu recuerda que las primeras palabras del himno nacional rezan: «Despiértate rumano». Y es lo mismo que ella que siente: «Los rumanos por fin se han despertado».
