La impunidad, denominador común en los más de 300 asesinatos de activistas por los Derechos Humanos en 2017

9
Publicado 07/01/2018 8:29:38CET

Al menos 312 activistas fueron ejecutados en 2017, el 80 por ciento de ellos en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas. Solo se efectuaron arrestos en un 12 por ciento de los casos.

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) –

De los 312 asesinatos documentados de activistas en 2017, solo un 12 por ciento desembocaron en arrestos, según un informe del grupo Frontline Defenders que denuncia la constante impunidad con la que son agraciados los asesinos de los activistas, quienes sufren además sobre sus hombros otra amenaza: la de la criminalización de sus actividades, por la que son acusados de delitos ficticios, encarcelados y torturados en prisión para silenciar su voz.

La violencia contra los activistas, según el anuario publicado esta semana por Frontline — una red internacional que aglutina a más de 20 organizaciones de todo el mundo — se concentra en cuatro países (Brasil, Colombia, México y Filipinas), donde existe un modelo específico y predominante de crimen: el que es perpetrado contra los defensores de los derechos territoriales de las poblaciones indígenas “y siempre en el contexto de los megaproyectos internacionales que realizan las industrias del sector de la extracción”. Las fuerzas de seguridad son cómplices con su silencio o, en el peor de los casos, con su participación.

Y, aunque el grupo señala “algunas victorias” en 2017 — como por ejemplo en Camerón, Sudán e incluso en Turquía donde, a pesar de la purga ordenada por el presidente del país contra sus opositores, campañas de movilización han conseguido revocar las condenas de algunos activistas –, la situación en términos generales sigue siendo gravísima y merece una consideración todavía más importante este año 2018, cuando se cumple el 20 aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, cuya labor “ha llegado mucho más allá que el compromiso de sus gobiernos”.

EL FACTOR DE LA IMPUNIDAD

Frontline Defenders estima que en torno a nueve de cada diez de los activistas asesinados habían sido amenazados de muerte previamente. Esto significa que la Policía podría haber intervenido para salvar sus vidas. Es la marca de la impunidad, según el grupo, y por extensión de las prácticas de criminalización contra los defensores contra los Derechos Humanos.

“En todas las regiones del mundo la criminalización ha sido la medida más común para impedir la labor de los activistas y deslegitimarlos a los ojos de sus propias comunidades. Se les ha amenazado con la cárcel o peor, bajo cargos de ‘atentar contra el Estado’ o ‘secesión’, que acarrean la pena de muerte”, según Frontline.

La ilegalidad de esta persecución contra los activistas da lugar a situaciones surrealistas, como ha pasado en Camerún o Sudán, donde la presión popular ha llevado a ambos gobiernos a conmutar sentencias de muerte a activistas acusados de un cargo tan grave como el de traición a la patria.

Por ello, otros estados prefieren actuar de manera un poco más subrepticia contra los activistas, recurriendo a la legislación antiterrorista, siempre difusa y ambigua cuando conviene, y de la que derivan las declaraciones de estados nacionales de emergencia por los que las autoridades se arrogan la potestad de realizar detenciones indiscriminadas sin garantizar el derecho a la defensa ni un juicio justo.

Otro patrón común que detecta Frontline entre los países investigados es la indignación que exhiben los gobiernos cuando se les pregunta por la situación de los defensores de los Derechos Humanos. “Los países siguen aferrados a la narrativa de que cualquier intento de observar la situación de sus activistas es una interferencia internacional contra sus asuntos internos”, señala Frontline, a quien no se le escapa la absurda discrepancia de que muchos de los países investigados forman parte de organizaciones supranacionales (la Unión Europea o la CEDEAO, en el caso de África), a quienes permiten exactamente eso.

AMENAZAS SEXUALES CONTRA LAS ACTIVISTAS

Frontline denuncia que las amenazas contra las activistas humanitarias tienen un carácter particularmente sórdido: el de la violencia machista. Caso por ejemplo de la activista y abogada malasia Siti Kasim, a quien han amenazado a través de internet con violarla o desfigurar su cara con ácido.

Peor fue el caso de Ebtisam al Saegh, activista bahreiní, quien ha denunciado que fue violada por varios policías cuando estaba bajo custodia policial por colaborar con agencias de Naciones Unidas.

También las madres son amenazadas, como le ocurrió a la colombiana María Leonilda Ravelo Grimaldo, cuya hija fue encañonada por dos hombres en una motocicleta. “El agravante de la dinámica de género ha sido una constante en todos los países investigados a lo largo de 2017”, ha lamentado el grupo.

En definitiva, Frontline denuncia que 2017 ha supuesto un escalón más en el descenso al autoritarismo. La victoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su respaldo a autócratas como su homólogo filipino, Rodrigo Duterte, han puesto todavía en más dificultades a los defensores de los Derechos Humanos. Turquía y Egipto también han endurecido la persecución contra los defensores de los derechos civiles, y China y Rusia siguen la misma tendencia opresora que han exhibido en los últimos años.