MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno de Nicaragua ha puesto en libertad este martes a otros 56 de los detenidos durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega que comenzaron hace más de un año en el marco de la controvertida ley de amnistía aprobada el viernes pasado.
En un comunicado, el Ministerio de Gobernación ha informado a la ciudadanía de que «la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional ha liberado y entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a 56 personas que guardaban prisión por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública». Los liberados han sido trasladados a continuación a sus domicilios por el organismo internacional, ha precisado.
Los medios locales y las redes sociales han publicado numerosas fotos y vídeos del reencuentro de algunos de los liberados con sus familiares tras meses en prisión. Entre los liberados hay militares retirados, estudiantes, líderes campesinos y otros participantes en las protestas.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha saludado la liberación de los «56 presos políticos». «Cumplir íntegramente lo acordado y avanzar en temas pendientes es imprescindible para los nicaragüenses», ha añadido en su Twitter.
También ha celebrado el paso dado por el Gobierno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «La Comisión reconoce un avance concreto por parte del Estado en el restablecimiento de derechos y garantías en el país», ha afirmado en un mensaje en Twitter.
No obstante, el organismo ha aclarado que «sigue monitoreando la situación en el país» y que «acompaña a las víctimas y a sus familiares hasta que se haga efectiva la liberación completa de los y las manifestantes presas y la vigencia plena de los Derechos Humanos en Nicaragua».
Las nuevas liberaciones, que se han producido a primera hora de la mañana, se suman a los 50 detenidos liberados el lunes, cuando entró en vigor la ley de amnistía aprobada el viernes por el Parlamento. La Alianza Cívica que aglutina a la oposición ha rechazado la ley de amnistía porque considera que es solo una forma de «garantizar la impunidad para paramilitares y policías que participaron en la represión contra la población que protestaba y justificar la liberación de presos políticos.
En la misma línea, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha mostrado su preocupación por esta ley, ya que «podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de Derechos Humanos» cometidas durante las protestas.
CRISIS POLÍTICA
La crisis estalló en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la «democratización» de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.
El líder ‘sandinista’ ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.
La Alianza Cívica había exigido al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio. El Gobierno ha excarcelado a cuentagotas a unos 150 bajo la modalidad de «casa por cárcel», sin contar con las liberaciones de los dos últimos días.
