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MEP amplía de 30.000 a 51.000 los funcionarios que reciben plus de zonaje

Con la aplicación de una nueva metodología, el Ministerio de Educación Pública aumentó de 30.000 a 51.000 el número de funcionarios beneficiados con el denominado plus de zonaje, según un acuerdo alcanzado con sindicatos de la entidad. El aumento implica que el pago se amplía del 30% al 60% de la planilla, que es la más grande del país con 85.000 empleados.

Este sobresueldo de zonaje se entrega mensualmente a quienes laboren en centros educativos con “condiciones insalubres, inseguras y/o riesgosas”. Su forma de cálculo fue definida en abril, en conjunto con los representantes gremiales. El pago se hará de forma retroactiva a mayo y se depositará en la segunda quincena de diciembre, cuando el MEP deberá desembolsar ¢22.000 millones por este motivo, confirmó la viceministra administrativa, Sofía Ramírez.

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Antes, este incentivo solo lo recibían docentes, pero, en la tercera convención colectiva, firmada en 2021, se definió que este beneficio se extendería a los funcionarios técnicos y administrativos de escuelas y colegios que funcionen en “condiciones insalubres, inseguras y/o riesgosas”.

Ramírez defendió el hecho de que pese al aumento de beneficiados, no crecerá el presupuesto asignado al incentivo. Así se pagarán ¢22.000 millones este año por el plus que no se cancela desde mayo y una suma igual se estimó para el 2023.

Todos los funcionarios que laboren en escuelas y colegios con condiciones insalubres o peligrosas recibirán el plus de zonaje. Foto: Cortesía

¿Cómo se transformó el zonaje?

Aunque el MEP siempre ha tenido un plus llamado zonaje, lo que se pagará ahora en realidad es una fusión con el denominado Índice de Desarrollo Social (IDS), según lo convenido con los sindicatos.

El IDS era el porcentaje sobre el salario total que recibían los docentes por laborar en instituciones ubicadas en los distritos de bajo y muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico. Entretanto, el zonaje constituía el monto que se daba a los trabajadores que prestaban servicios en centros educativos ubicados en zonas calificadas como “incómodas o insalubres”; se pagaba de acuerdo con una escala de puntos, la cual se consideró que estaba desactualizada y no respondía a la realidad del centro educativo.

Cerca de 30.000 funcionarios eran los que recibían ambos pluses, por los que se desembolsan ¢22.000 millones anuales, la misma cifra presupuestada para el futuro, según la viceministra.

Con estos cambios, el MEP también pretende dar cumplimiento a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal, aprobada desde diciembre de 2018, la cual obligaba a pagar los pluses de forma nominal y no porcentual, con el fin de frenar un crecimiento exponencial de esas erogaciones y generar ahorros.

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En el caso del Ministerio, le tomó cuatro años hacer la transformación, después de varias llamadas de atención de la Contraloría General de la República (CGR). Se dará cumplimiento aunque con un aumento de beneficiados.

En adelante, el MEP pagará el IDS bajo el nombre de zonaje, como un monto fijo y no como un porcentaje del salario.

¿Cómo se calculará?

Con la fusión de pluses y la actualización del número de centros educativos que, se considera, están en condiciones insalubres, inseguras y/ o riesgosas estos pasaron de 3.301 a 3.805.

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A cada escuela o colegio bajo esa categoría uno se le asignó puntos de acuerdo con las características de la zona donde están ubicados y con base en una serie de componentes derivados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).

El componente económico incluye electricidad y acceso a Internet; el de salud considera niños con bajo peso en la zona, mortalidad de menores de cinco años, nacimiento en madres solteras menores de 19 años y cobertura agua potable, mientras que el componente educativo toma en cuenta la infraestructura educativa, el rezago educativo, la existencia de escuelas unidocentes y la cobertura en secundaria.

También se tomó en cuenta el componente seguridad, esto es el número de homicidios dolosos y muertes en accidentes de tránsito en la comunidad. Igualmente, se considera la participación electoral.

Adicionalmente se usó la ubicación del centro educativo: zona urbana, predominantemente urbana, predominantemente rural, rural y zonas prioritarias (centros en zonas indígenas e islas).

De acuerdo con esos componentes, las escuelas y colegios recibieron entre 10 y 100 puntos, siendo estos últimos los que tienen las peores condiciones.

Tras un análisis, el MEP determinó que, de los 3.805 centros, hay 40 que tienen 100 puntos, todos ubicados en territorios indígenas.

Por ejemplo, el centro educativo Villa Damaris, que se localiza en el poblado Seis de Grano de Oro, distrito Chirripó, cantón de Turrialba, provincia de Cartago, tiene puntaje de 100. Este centro se ubica en territorio indígena Cabécar, además, se ubica en el distrito que ocupa la última posición con respecto al Índice de Desarrollo Social 2017 (posición 283), por lo que está catalogado como un distrito con un nivel muy bajo de desarrollo. Presenta importantes limitaciones asociadas a conectividad, cobertura de servicios de salud, condiciones de las vías de comunicación, entre otros.

Pago por puntaje

Cada punto tiene un valor de ¢1.342, o sea, que si algún docente es nombrado en un centro educativo con puntaje 100, se le pagarían por concepto de zonaje ¢134.200 mensuales adicionales al salario.

Según dijo Ramírez, no todos los funcionarios recibirán el 100% de los puntos, se pagará un porcentaje del puntaje calculado de conformidad con el estrato profesional.

A los docentes sí se les pagará el 100% de los puntos que tiene el centro educativo en el que va a laborar; al técnico y administrativo docente, el 50% de los puntos; y al personal de servicios, el 25%.

Para la viceministra, con la nueva metodología se le da un mayor peso a la ubicación del centro educativo, no al cantón donde se encuentre.

“Esto ha permitido que instituciones que se encuentran en zonas catalogadas como vulnerables, inseguras y de difícil acceso que antes no contaban con el beneficio de IDS, con la nueva metodología se les reconoce en el pago de zonaje. Por ejemplo, la Escuela La Carpio en La Uruca; Escuela Sector Siete de Los Guido, en Desamparados, y Escuela Isla Caballo, en Puntarenas”, manifestó la viceministra.

Un aspecto importante es que el zonaje se da al centro educativo, o sea, que no es un derecho adquirido que el funcionario pueda mantener en caso de trasladarse a laborar a otra institución que no esté ubicada entre aquellas en la que se paga el incentivo.

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