María del Carmen Tacsan Ulate murió víctima de un acto de violencia, pero este no fue el último que sufrió. Según explicaron los jueces al leer el “por tanto”, múltiples errores en la investigación la convirtieron en víctima del sistema, que impide hacerle justicia, pues, como dijo el tribunal que juzgó su caso, no le quedó otra vía que la absolutoria. Lo triste es que en nuestro país existen muchas Marías marcadas por la impunidad.
Tres años después de la muerte de María del Carmen, se absolvió al sospechoso por el principio de in dubio pro reo. Fallaron las autoridades que recogieron su cuerpo, sin el respeto de los protocolos, al no exigir la presencia de un especialista forense, lo que significó, entre otros, no poder determinar la hora de la muerte, lo que suscitó dudas en la concordancia de los indicios.
Falló también el profesional encargado de la autopsia, al no tomar una muestra de sangre confiable que confirmara la presencia de una droga para probar la tesis de la Fiscalía: la víctima no se suicidó, fue drogada, el disparo fue ocasionado por un tercero y no fue posible determinar si las 41 puñaladas fueron realizadas cuando aún estaba con vida. El peor de los desaciertos fue el cambio de criterio sobre la causa de muerte.
La frustración del tribunal era evidente al leer el fallo y, cuando menos, se indicó que el forense sería reportado ante su superior, la Medicatura Forense, una decisión correcta, pero triste al dejar el sinsabor de que en esta muerte no hubo justicia y se perdió impunemente una vida, una hija y una hermana a la que le falló el sistema.
Si el Primer estado de la justicia nos reveló que el eslabón más débil del proceso eran las víctimas de agresión sexual, el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial nos muestra cómo el número de entradas netas al Ministerio Público de feminicidios es desproporcionadamente menor al número de sentenciados.
Del 2015 al 2019, hubo 61 feminicidios y tan solo 30 sentenciados, peor en el caso de las tentativas, pues por ese delito en los años citados, de las 585 denuncias hubo solo 85 sentencias condenatorias, un llamado de atención para las autoridades responsables, si no queremos más muertes impunes de otras Marías.
La autora es politóloga.
