El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó la semana pasada a su homólogo español, Mariano Rajoy, para intentar convencerle de que España se abstuviera en la votación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU que, gracias a la abstención de Estados Unidos, condenó por vez primera los asentamientos judíos en los territorios ocupados palestinos. El voto de España era particularmente relevante ya que, hasta la medianoche del 31 de diciembre, ocupa la presidencia rotatoria del máximo órgano de gobierno de Naciones Unidas.
La conversación, según fuentes gubernamentales, fue tensa en algunos momentos, pues Rajoy le replicó que España no podía cambiar una postura que ha mantenido inalterable en los últimos años y que es coherente con la posición acordada por la UE y con la legalidad internacional. Le insistió en que la resolución no iba dirigida contra nadie y en que la fórmula de los dos Estados es la mejor para el proceso de paz y para el propio Israel, lo que no dejó de irritar a Netanyahu, según esas mismas fuentes.
El primer ministro israelí no solo pretendía que España cambiase su voto, lo que no consiguió, sino que presionase a Nueva Zelanda y Senegal, dos de los patrocinadores de la resolución, para que la retirasen.
Netanyahu desplegó una intensa campaña de presiones diplomáticas para evitar que la ONU tachase de ilegales los asentamientos judíos en territorio palestino. Inicialmente consiguió frenarla, después de que Egipto retirase su propuesta tras una llamada del presidente electo estadounidense, Donald Trump, al mariscal Abdelfatah Al Sisi. Sin embargo, Nueva Zelanda, Senegal, Malasia y Venezuela recogieron el testigo y la presentaron ante el Consejo de Seguridad, que la aprobó el pasado 23 de diciembre por 14 votos a favor y una abstención. El resultado fue recibido con una ovación de todos los presentes, lo que evidenció el aislamiento del Gobierno israelí.
Netanyahu reaccionó a este revés diplomático con una cadena de represalias. Suspendió la cooperación con Senegal y Angola y anunció la retirada de la financiación a cinco organismos de la ONU considerados «hostiles». El Ministerio de Exteriores israelí convocó el día de Navidad a los embajadores de los 12 países del Consejo de Seguridad con representación diplomática en Israel (todos, salvo Malaisia y Venezuela), mientras que el estadounidense fue convocado directamente por Netanyahu. En el caso de España acudió, en ausencia del embajador, el encargado de Negocios, Miguel Moro.
Además, el Ministerio de Exteriores israelí ha suspendido relaciones con las embajadas de los mencionados 12 países, incluida la española, según confirman fuentes diplomáticas, por lo que los contactos se limitan a los asuntos urgentes y la asistencia consular. Por el contrario, la representación de Israel en España sigue funcionando con normalidad. Aunque Israel no ha explicado durante cuánto tiempo mantendrá esta suspensión, las fuentes consultadas esperan que concluya el 20 de enero, cuando tome posesión el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
La congelación de relaciones implica también la suspensión de visitas bilaterales. En el caso de España no había ninguna programada para estas fechas, ya que la del presidente israelí, Reuven Rivlin, que debía haberse producido en 2016, con motivo del 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, se aplazó por el bloqueo político en nuestro país. No es ese el caso del primer ministro ucranio, Volodymyr Groysman, que debía viajar a Israel esta misma semana y cuya visita fue cancelada por Netanyahu. El caso de Ucrania es especial, ya que tenía previsto abstenerse en la votación y finalmente optó por el voto afirmativo, supuestamente tras una intervención del vicepresidente estadounidense, Joe Biden.
Fuentes diplomáticas estiman que la reacción israelí ha sido desproporcionada ante una resolución que no tiene efectos prácticos directos. Esta sobreactuación se debería al temor israelí a que antes del 20 de enero pudiera presentarse al Consejo de Seguridad una nueva resolución, esta sí con sanciones. Las fuentes consultadas lo consideran en todo caso impensable.
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