Propiedades de exmandatarios de Guatemala reforzarán seguridad

Una casa y una finca pertenecientes al expresidente gutemalteco de derecha, Otto Pérez Molina, y a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, serán utilizadas para reforzar la seguridad del país.

Los funcionarios adquirieron esas propiedades a través de la corrupción y el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, explicó este miércoles que los bienes extinguidos a los funcionarios incluían un helicóptero que ya fue entregado al Ministerio de Defensa.

Rivas explicó que el 90 por ciento de la finca tiene plantaciones de aguacate cuya última cosecha fue subastada por 66 mil dólares. Agregó que incluso se está considerando la posibilidad de mantener en el lugar los sembradíos para realizar proyectos agrícolas que beneficien a los privados de libertad.

Por su parte, la propiedad que era de Baldetti está ubicada en una exclusiva zona residencial y posee un valor de la menos dos millones de dólares. “La casa fue asignada al Comando y Fuerza de Tarea Antisecuestros, tendrá una sala de crisis, una sala de recuperación para las víctimas de este delito, entre otros”, explicó Rivas.

Un proceso de extinción de dominio determinó que los bienes eran producto de ilícitos y que por tanto debía pasar a las arcas del Estado. “La casa fue asignada al Comando y Fuerza de Tarea Antisecuestros, tendrá una sala de crisis, una sala de recuperación para las víctimas de este delito, entre otros”, aseguró Rivas.

“El tema de extinción de dominio es fundamental en la labor que se realiza contra el crimen organizado. Estamos dándoles donde más les duele, que es en lo económico y los recursos”, aseguró el ministro guatemalteco quien agregó “que este es un beneficio que obtiene la población guatemalteca“.

La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos.

Su importancia consiste en el rol fundamental que cumple esta figura jurídica en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad.

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