El regulador general, Eric Bogantes Cabezas, denunció este jueves que el Poder Ejecutivo intenta secuestrar la regulación tarifaria de servicios públicos. Para él, así lo sugieren las pretensiones de injerencia política que enfrenta la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) por parte de jerarcas de Gobierno.
Bogantes señaló directamente al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez. También atribuyó el mismo afán a representantes de otras empresas públicas reguladas por la Aresep –a las que calificó de “reacias” al papel de la Autoridad–, y citó a Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Bogantes, quien tiene 54 años, fue propuesto para el cargo, el 29 de agosto, por voto unánime del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves, en el cual, precisamente, está Amador. El 22 de setiembre, 45 diputados avalaron el nombramiento de este ingeniero eléctrico, quien hasta agosto pasado era gerente general de Acueductos y Alcantarillados.
En una entrevista con La Nación, calificó como “lamentables” los comentarios que ha hecho el ministro de Obras Públicas y Transportes contra la Aresep.
“Lo que presenciamos es un intento de captura del regulador, pero desde el Poder Ejecutivo. Si eso pasa, se limitaría la autonomía de la Aresep y su independencia de cualquier órgano político tal y como se indica en la ley”, declaró el funcionario.
Amador lanzó el último ataque el martes, durante una conferencia de prensa y ante una consulta sobre las tarifas de autobús.
“Déjeme decirlo claro y directo: la Aresep se cree un dios todopoderoso y eso no puede seguir siendo. Las circunstancias que la lógica dicta es que debería de bajar un poco la tarifa de bus (por el precio del dólar), sin embargo, con la Aresep simplemente no tenemos mecanismo para llegar y obligarlos. Ahorita estamos sin ningún arma para poder exigir”, afirmó.
En respuesta a esa arremetida, el regulador general afirmó que la Aresep está sujeta al principio de legalidad y, por lo tanto, no puede atender deseos de funcionarios.
“Ninguna entidad pública puede hacer lo que le plazca, como lo dijo el ministro, porque, de otro modo, estaríamos denunciados”, indicó.
Enfatizó que, precisamente, la ley de creación de la Aresep (7593) quitó al MOPT la fijación tarifaria porque antes había una alta injerencia política en subir o bajar precios de rutas de buses. “Esa lección y la historia, pareciera como si algunos no la hubieran estudiado”, aseveró.
Como órgano no político, la Aresep debe fijar tarifas de electricidad, combustibles, buses, taxis y portuarias con base en criterios técnicos y metodologías que previamente son de conocimiento de los regulados y los ciudadanos.
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Los precios fijados, explicó, pasan previamente por un trámite de aprobación que incluye una consulta pública, en la cual cualquier persona o entidad puede acudir a objetar o apoyar los cambios.
“No es que la Aresep hace lo que guste. En la mayoría de entidades reguladas es normal que sean reacias a la regulación, pero aquí se da vuelta al espejo y, lo que esto nos revela es quiénes en realidad desean hacer lo que les place”, agregó.
Insistió en que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual pertenece Costa Rica, indica, entre los lineamientos acordados por los países integrantes, que los entes reguladores deben ser independientes y libres de injerencias políticas, presupuestarias u otras presiones.
“Aquí no hacemos lo que nos plazca, hacemos lo que nos corresponde. Si eso no agrada al regulado o al ministro, eso es otra cosa, pero aquí se defiende al usuario para prevenir abusos monopolísticos en la prestación de servicios públicos”, advirtió.
El de esta semana no es el primer ataque de Amador a la Aresep. También se dio durante el proceso de fijación de tarifas que cobraría la empresa alemana Dekra, a la que el MOPT entregó, a discreción, la revisión vehicular. En aquel momento, Amador responsabilizó a la Aresep de que la reinspección por una falla no fuera gratuita, como el Gobierno lo había prometido.
La Autoridad Reguladora debió salir a hacer dos aclaraciones públicas sobre el mecanismo de fijación.
No obstante, en noviembre, cuando acudió al Congreso a referirse al tema, Amador volvió a culpar a la Aresep, cuestionó sus costos de operación y adelantó que buscaría reformas para esa institución.
“Yo creo que hay que adelgazarla. Vaya a ver usted los costos y la cantidad de recursos malgastados en demandas que ellos han perdido. Yo creo que de nada sirve que tengan el control absoluto”, dijo entonces.
Otras entidades
El regulador general también dio a conocer este jueves interferencias en el trabajo regulatorio por parte de Juan Manuel Quesada Espinoza, presidente de Recope, así como del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“Son constantes las manifestaciones de Recope para minar la credibilidad de la Autoridad Reguladora, pero, curiosamente, las entidades que más critican son aquellas más sometidas a nuestra rigurosidad. Pasa igual con el ICE y el MOPT, pero estas diferencias de criterio ocurren cuando el regulado se resiste a la regulación”, consideró.
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De hecho, los roces con la Refinadora comenzaron desde el inicio de esta administración, cuando esa empresa rehusó hacer la propuesta de ajuste extraordinario para los combustibles, como históricamente había ocurrido. Alegó que la tarea correspondía a la Aresep; para entonces, los precios tendían al alza.
Recope retomó esa tarea de anunciar en videos en redes sociales los ajustes propuestos en agosto, cuando, por el contrario, los precios fueron hacia la baja.
Otro capítulo más reciente de los choques se dio el 15 de marzo, cuando Quesada Espinoza anunció la presentación de una “demanda” contra la Autoridad para reclamar que, supuestamente, no le resuelve sus recursos de apelación en fijaciones tarifarias de combustibles.
Así lo comunicó junto al propio presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, quien acuerpó a su subalterno en esa ocasión.
La gestión fue en realidad un amparo de legalidad y no una demanda.
Poco antes, el 10 de marzo, Quesada Espinoza se atribuyó públicamente la devolución de ¢51.000 millones a los usuarios de combustibles desde las tarifas, cuando en realidad ese ajuste resulta de un trámite que ejecuta de oficio la Autoridad hace años.
Esta misma semana, el 22 de marzo, el presidente de Recope presumió la aprobación de una disminución más de precios en un comunicado de prensa donde aseguró que “Recope devolverá más de ¢3.300 millones de colones a los costarricenses”.
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Sin embargo, Aresep confirmó ese miércoles rebajas de ¢16 por litro en la gasolina regular, la súper y el diésel, pero porque se excluyeron de sus precios beneficios de la convención colectiva de Recope declarados inconstitucionales por la Sala IV.
¿Y el ICE? A inicios de este mismo mes, el Instituto le pidió a la Junta Directiva de la Aresep congelar por tres meses un aumento del 5% en el costo de luz derivado de importaciones de energía y gasto en combustible para generación térmica del Instituto, al advertir de “condiciones de incertidumbre”.
La pretensión del ICE es que la metodología para trasladar esos gastos a los consumidores, llamada Costo Variable de la Generación (CVG), se haga semestralmente y no cada tres meses ahora.
Bogantes Cabezas declaró desconocer cuál es la explicación para un pedido como este, el cual, dijo, carece de fundamentación técnica. Para él, además, podría resultar riesgosa una acción en ese sentido.
Esos ajustes se hacen cada trimestre desde el 2019. Aplicarlos por semestre, según Bogantes, sería riesgoso porque si el segundo trimestre de este año resulta seco, el ICE haría más gasto térmico y entonces el alza a mitad de año se duplicará a 10% por seis meses.
