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Una delegación vasca denuncia el agravamiento de la violencia en Colombia

La representación vasca ha instado a las instituciones y organizaciones sociales a profundizar en su esfuerzo para lograr «una auténtica cultura de paz y de la convivencia».

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La Delegación vasca de Observación de Derechos Humanos en Colombia, encabezada por el Gobierno Vasco, que ha viajado al país sudamericano entre el 14 y el 19 de julio, ha denunciado este sábado «el agravamiento de la violencia y el incremento de las agresiones, amenazas y la criminalización contra las personas defensoras de Derechos Humanos», en especial líderes indígenas, afrodescendientes y quienes trabajan «activa y visiblemente en defensa de la paz y del territorio».

La representación vasca ha instado, además, a las instituciones y organizaciones sociales a profundizar en su esfuerzo para lograr «una auténtica cultura de paz y de la convivencia en todos los territorios» de Colombia, donde, según la ONU, al menos 110 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2018.

La delegación vasca ha mostrado su preocupación «por la situación que se vive en los territorios donde intereses económicos se priorizan frente a la protección de las personas, y están siendo ocupados por actores armados que se disputan su control, y que violan sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres y de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes».

La delegación ha afirmado que ha sido testigo de las amenazadas dirigidas contra el Consejo Comunitario de La Toma en el municipio de Suárez, en Norte del Cauca, para ocupar su territorio.

Por ello, realiza un reconocimiento y muestra su apoyo a «la encomiable labor de las personas que cada día defienden de manera pacífica los derechos humanos, y de aquellas que se ven obligadas a abandonar sus territorios y modos de vida como medida de protección».

A su juicio, «el reconocimiento de pueblos ancestrales, como los pueblos indígenas y el pueblo Negro, y la legalización de sus territorios son retos pendientes, así como la presencia institucional en las zonas rurales, no solo a través de la seguridad, sino también y principalmente, mediante el desarrollo social, económico y cultural, con enfoque diferencial».

La representación de Euskadi comparte, además, «su incondicional apuesta por la paz«, y el apoyo a la labor realizada por la Justicia Especial para la Paz, la Comisión  de la Verdad y la aplicación integral de los Acuerdos de Paz.

Por ello, anima a las instituciones y organizaciones sociales a «reforzar el trabajo para generar una auténtica cultura de paz y convivencia en todos los territorios«.