Bruselas
«Para la UE, nada cambia», resumió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras la declaración de independencia de Cataluña, expresando su apoyo a Madrid, su «único interlocutor», pero advirtiéndole de nuevo contra el uso de la fuerza.
La mayoría independentista del parlamento catalán proclamó este viernes unilateralmente la independencia de Cataluña, poniendo fin a casi un mes de incertidumbre tras el referendo de autodeterminación celebrado el 1 de octubre pese a la suspensión de la justicia española.
En su declaración solemne, el parlamento catalán llamó «a la comunidad internacional y a las autoridades de la Unión Europea a intervenir para parar la violación de derechos civiles y políticos en curso y hacer seguimiento del proceso negociador con el Estado español».
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Pero, como era de esperar, ni las instituciones europeas ni países del bloque, como Francia, Alemania o Reino Unido, reconocieron esa declaración. «La soberanía y la integridad territorial de España son y seguirán siendo inviolables», dijo un portavoz de Berlín.
A pesar de los llamados a la «mediación» por parte de las autoridades catalanas, la UE ha rechazado siempre cualquier intervención, limitándose a llamar al «diálogo» y considerar que la solución a este «problema interno» de España pasa por el marco legal español.
La declaración de independencia es «contraria» al Estado de derecho y a la Constitución española que «son parte del ordenamiento legal de la UE», apuntó el jefe de la Eurocámara, Antonio Tajani, quien urgió a volver a la legalidad como «base para el diálogo».
La declaración de autodeterminación tuvo lugar mientras se desarrollaba un debate en el Senado español sobre las propuestas de Madrid para intervenir la autonomía de Cataluña, entre ellas la destitución de su gobierno, y que fueron aprobadas por una amplia mayoría.
El Gobierno español de Mariano Rajoy recibió un fuerte espaldarazo de parte del presidente francés, Emmanuel Macron, quien, desde la Guayana Francesa, le reiteró todo su «apoyo» para «hacer respetar el Estado de derecho en España».
Aunque el apoyo de la UE a Madrid ha sido firme desde la convocatoria del referendo, la actuación policial de ese día incautando urnas y cargando contra la población le valieron un toque de atención y llamados al diálogo.
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«Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza del argumento, no el argumento de la fuerza», reiteró este viernes Tusk. Este miembro de una minoría étnica en Polonia había reconocido recientemente saber qué se siente al recibir golpes de la Policía.
El primer ministro belga, Charles Michel, que gobierna en coalición con separatistas flamencos, llamó, por su parte, a una «solución pacífica» con «respeto al orden nacional e internacional» y al «diálogo» como única herramienta para resolver una crisis política.
La UE, un club de Estados pero con fuertes identidades regionales, busca evitar que la crisis política en España se contagie al resto del bloque, en plenas negociaciones con Reino Unido sobre su retirada prevista para marzo de 2019.
«No debemos interferir en ese debate hispano-español, pero no quisiera que mañana la Unión Europea tenga 95 Estados miembros», declaró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para quien el bloque «no necesita más grietas, más fracturas».
Los independentistas siempre han apuntado que países europeos, como los bálticos, no eran independientes hace 30 años y ahora forman parte de la UE. Pero incluso estos apoyan «la integridad territorial» de España, en palabras del primer ministro estonio, Jüri Ratas.
El escenario de casi 100 países que apunta Juncker parece, por el momento. lejano. Bruselas ya ha advertido en varias ocasiones que si una región se independiza de un país del bloque de manera legal, deberá solicitar de nuevo su adhesión.
El caso de Cataluña es diferente. Su parlamento proclamó la independencia unilateralmente y, como advierte el exjuriconsulto del Consejo Europeo Jean-Claude Piris, esa decisión será «una declaración vacía» porque nadie reconocerá su autodeterminación.
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Los catalanes «no estarán representados en las organizaciones internacionales» y «seguirán formando parte jurídicamente de España», indicó a la AFP Piris, para quien «el derecho de la UE seguirá aplicándose» en Cataluña al igual que el «euro».
