El exjuez Wilson Witzel, gobernador electo de Río de Janeiro, tiene una nueva estrategia para combatir a los criminales en la ciudad: dispararles en la cabeza.
El funcionario dijo que los francotiradores de la policía ejecutarán a “criminales armados con fusiles” sin que exista la necesidad de llevar un juicio de por medio.
“La policía hará lo correcto: apuntará a la cabecita y… ¡fuego!”, afirmó.
Witzel, quien fue elegido con el 60 por ciento de los votos y contó con el respaldo del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió durante la campaña la idea de dar a las fuerzas del orden la capacidad de ejecutar a criminales armados, una situación que se da de forma frecuente en favelas y áreas dominadas por narcotraficantes.
En una entrevista publicada este jueves por el diario Estado de Sao Paulo, Witzel fue explícito al defender la política de usar francotiradores para combatir la criminalidad.
“Lo correcto es matar bandidos que están con fusiles. La policía hará lo correcto: apuntará a la cabecita y… ¡fuego! Para que no haya error”, explicó.
El exjuez negó que la controvertida política vaya a elevar el número de muertes de civiles, acusada de abusos desde hace años por la sociedad y que en agostó mató a 175 personas, 150 por ciento más que en el mismo mes de 2017.
La propuesta ha sido criticada por grupos de derechos humanos, expertos en seguridad y las autoridades actuales.
Sin embargo, la idea es defendida también por el general Augusto Heleno, futuro ministro de Defensa.
“Mucha gente hace una distorsión de eso y acaba diciendo que es una autorización para matar. Es una reacción necesaria a la exhibición ostensiva que se hace en Río de Janeiro de armas de guerra en las manos, muchas veces, de jóvenes”, aseguró.
El actual ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, quien dejará el cargo en diciembre próximo, criticó la propuesta y dijo que no está prevista en la legislación actual.
“No podemos tener ningún tipo de actividad que no sea legal, que no esté en las normas de la justicia. Y, hoy, no está”, aseveró.
Amnistía Internacional Brasil señaló, por su parte, que “la medida tiene un impacto potencial desastroso en el aumento de los homicidios y de la violencia armada en las ciudades”.
“No se combate la violencia con más violencia, enfrentamientos directos y falta de respeto a la legislación vigente”, criticó la organización de derechos humanos en una nota.
