El presidente de la República jura en su toma de posesión guardar la Constitución y cumplir y hacer cumplir sus preceptos y las leyes y reglamentos que de ella emanan. A su vez, el presidente es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas del país, y como tal, éstas deben seguir sus órdenes. ¿Qué sucede si al ejército se le ordena incumplir la ley? ¿Está relevado de responsabilidad por seguir órdenes o debe mantener la institucionalidad? El Ejército y la Marina, ¿se deben al Ejecutivo en turno, al gobierno del momento, o al Estado mexicano como garante de su soberanía?
Hemos visto que el presidente ha incumplido repetidamente las leyes, que ha gobernado a través de decretos y leyes que han producido acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales (144 en lo que va del gobierno), la mayoría de las cuales no las ha resuelto aún la Suprema Corte de Justicia. A la violación de leyes le ha seguido la impunidad y el desacato de las sanciones que han impuesto el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, u otras autoridades. La lista es larga, y claro que López Obrador no es el primer presidente que viola la ley en México, aunque su frecuencia y cinismo destaca conspicuamente por encima de sus antecesores.
En este sexenio ha quedado claro que el presidente ha consentido a las fuerzas armadas: les ha dado más dinero, más responsabilidades y más atribuciones y encargos, muchos de los cuales estaban en manos de civiles. Les ha dado la construcción y operación de agencias e infraestructura pública que provee bienes y servicios no sólo a las fuerzas armadas, como sucedía antes (i.e. la fábrica de municiones y armamento), sino ahora también provee servicios como el de tránsito aéreo y seguridad aeroportuaria. No importa si el ejército tiene la formación, la vocación o la experiencia para llevar a cabo adecuadamente esas nuevas funciones. Las acepta y acata, obedeciendo a su jefe supremo. Ello ya ha tenido repercusiones específicas, como la muerte de ciudadanos por armas de la Guardia Nacional o del Ejército (el estudiante Ángel Rangel en Guanajuato), y los cada vez más frecuentes incidentes aéreos que afortunadamente, hasta ahora, no han tenido efectos letales en usuarios de la aviación. Repito, ante una orden del presidente, las fuerzas armadas han respondido afirmativamente, utilizando todas sus capacidades, aunque en medio de la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas, sospechas fundadas de corrupción e impunidad rampante.
El presidente también les ha ordenado a las fuerzas armadas violar la ley, o algunos de sus altos oficiales lo han hecho de motu proprio. Tal fue el caso del comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, quien participó en un evento de proselitismo en Coahuila el 2 de abril de 2022, mismo que fue encabezado por el secretario de gobernación y el presidente de Morena. El hecho valió para que la comisión de quejas y denuncias del INE solicitara al comandante de la GN conducirse con legalidad y evitar más actos contra la ley de proselitismo (El Economista, 2022). También en esa ocasión fue cuestionado el uso de recursos públicos (un avión de la Guardia Nacional), ordenados claramente por el Ejecutivo, para actos de propaganda que están prohibidos por la ley.
La aceptación pública (finalmente después de semanas de crítica y exigencia social), el ingeniero residente de la obra del Tren Maya, general de Brigada Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, confirmó que en 4 de 7 tramos del Tren Maya no se cuenta aún con la Manifestación de Impacto Ambiental, requisito indispensable para arrancar la obra. Las fuerzas armadas están violando la ley por una orden expresa del presidente de la República. Primero está seguir las órdenes de su jefe que cumplir la ley, aunque eso implique afectar el patrimonio natural del país.
Ahí cobra sentido el discurso del secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, poco después de las elecciones intermedias de 2021, cuando pidió a los mexicanos adherirse al “proyecto de nación que está en marcha”, refiriéndose así al proyecto de López Obrador: “Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones, el bien de la patria. Se enfoca en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto”. Y sólo le faltó decir… y si eso implica violar la ley, pues lo haremos (de hecho, lo están haciendo). Sólo así se entiende que las fuerzas armadas estén dispuestas a poner en entredicho su prestigio, su imagen pública, y su papel en el Estado mexicano.
La pregunta que sigue es: ¿Hasta dónde? ¿Qué leyes están dispuestos a violar las fuerzas armadas por lealtad al presidente López Obrador? ¿Todas, cualquiera? O ¿hay algún límite? Por ejemplo, ¿las fuerzas armadas estarían dispuestas a tomar por las armas el Congreso y el Senado si se los ordenara el presidente? ¿Y si la orden fuera tomar el INE, o detener y encarcelar a los “traidores a la Patria”? ¿Lo harían?
