Durante la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que a partir de este miércoles se realiza en Medellín, Colombia, líderes de comerciantes ambulantes de México pidieron que se realice un diagnóstico en el hemisferio sobre la precariedad y violencia hacia este sector.
Exigieron que en el continente se reconozca legal y socialmente como población trabajadora a todas las personas que se autoemplean en el sector informal, en particular a quienes desarrollan sus actividades en el espacio público.
Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, presentó un pliego de recomendaciones que, aseguró, servirá para lograr el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los comerciantes populares.
A nombre de la coalición “Economía Inclusiva con Justicia Social”, organización que está integrada por asociaciones de comerciantes de Guatemala, Perú, Venezuela y México, Sánchez Barrios dijo que es necesario un defensor de los derechos humanos de los comerciantes.
Para ello, dijo que es primordial firmar un convenio de colaboración con la propia OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la elección del ombudsperson de los trabajadores en el espacio pública.
Con ello se busca garantizar que los gobiernos implementen políticas públicas con una perspectiva de derechos humanos y se deroguen leyes o reglamentos que criminalicen al comercio popular.
También propuso la creación de un instrumento legal que reconozca y garantice los derechos y obligaciones de los trabajadores asalariados y regulen su actividad para encaminarlos a la formalización.
Igualmente, pidió que se diseñe un programa en materia fiscal y de pagos de impuestos dirigido a las y los trabajadores informales en el espacio público, acorde con los ingresos que reciben.
Sánchez Barrios, sostuvo que es impostergable la eliminación de políticas que criminalizan al sector que, en México, tan solo durante el primer trimestre del 2019, aportó el 30 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
“Como sabemos la tasa de informalidad laboral en América Latina y el Caribe llega al 47.7 por ciento, lo que indica que hay cerca de 140 millones de trabajadores en esas condiciones en la región, recordemos que ser informal es no estar cubiertos por leyes laborales, ni tampoco contar con seguridad social”, destacó.
La reunión de carácter internacional con sede en la ciudad de Medellín, en Colombia, durará hasta el próximo 28 de junio.
Este foro regional congrega a las representaciones de los países latinoamericanos que comparten similitudes en su nivel de desarrollo, problemas sociales y laborales, así como de Estados Unidos y Canadá.
Sánchez Barrios dijo que se trata de un espacio donde a través del diálogo político, la inclusión, la cooperación e instrumentos jurídicos, se puede trazar una hoja de ruta para que los gobiernos dimensionen el fenómeno social desde una perspectiva más amplia y basada en derechos humanos.
La participación de Sánchez Barrios fue seguida por comerciantes ambulantes que se reunieron en el Monumento a la Revolución, a través de una transmisión en vivo. “Trabajar no es un delito”, “Trabajar, trabajar, trabajar…”, gritaban los presentes.
