Un referéndum sobre el futuro del aeropuerto parcialmente construido de Ciudad de México que se realizará esta semana se perfila como el primer enfrentamiento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador con los inversionistas, que han adoptado una postura de esperar y ver hacia el nuevo gobierno.
En la consulta nacional del 25 al 28 de octubre se les preguntará a las personas si quieren continuar con el proyecto Texcoco de 13 mil millones de dólares o buscar una alternativa más barata más lejos de Ciudad de México.
Según una encuesta publicada este martes por El Financiero, el apoyo a continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, Estado de México, sigue siendo mayoritario, pero la pregunta que se utilizará en la consulta del 25 al 28 de octubre inclina la balanza hacia la opción de Santa Lucía.
De acuerdo con la encuesta, el fraseo de El Financiero revela que el 55 por ciento de los entrevistados prefiere “continuar el actual proyecto en Texcoco”, mientras que 37 por ciento prefiere “cambiar la construcción a Santa Lucía”. La ventaja a favor de Texcoco es de 18 puntos.
En contraste, la pregunta propuesta para la consulta arroja resultados que revierten el orden: 53 por ciento considera que lo mejor para el país es “Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía”, mientras que 46 por ciento opina que es mejor “Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.
A medida que se acerca el referéndum, los inversores se ponen cada vez más nerviosos. El rendimiento de 6 mil millones de dólares en bonos vendidos para financiar el nuevo aeropuerto se disparó este mes después de que López Obrador dijo en un video de Facebook que «no podemos financiar este proyecto» y uno de sus asesores advirtió que tenía un retraso de dos años.
Podría convertirse en una prueba decisiva del enfoque del nuevo gobierno hacia las empresas y los asuntos financieros.
«Han habido crecientes riesgos de que la consulta tenga un resultado negativo» para el proyecto Texcoco, escribieron los analistas del Bank of America en una nota el lunes. Si eso sucede, «los inversores revisarán al alza la probabilidad de que AMLO aplique políticas menos favorables para el mercado que las que su equipo económico ha presentado a los inversores».
Si bien la llamada consulta pública de esta semana no es legalmente vinculante, López Obrador se comprometió a respetar el resultado, que debe ser anunciado el domingo.
El ejercicio no tendrá precedentes en México, ya que incluye el referéndum en más de 500 ciudades y una encuesta cara a cara. El nerviosismo del mercado incluso ha afectado al peso, que se debilitó un 0.59 por ciento el lunes, el peor desempeño entre las monedas de mercados emergentes.
Alto costo
«Ha habido señales mixtas sobre la opción preferida de López Obrador, pero los comentarios durante la última semana nos hacen más escépticos de que decidirá continuar la construcción», dijo Eurasia en una nota de investigación la semana pasada.
La cancelación del aeropuerto tendría un alto costo. El proyecto ya está terminado en un 32 por ciento, según la última estimación realizada por la administración de Enrique Peña Nieto en septiembre, y se ha recaudado gran parte del dinero para su finalización.
Además de los bonos, se recaudaron otros mil 600 millones de dólares a través de una oferta pública inicial de acciones de Fibra E, un híbrido entre una sociedad limitada maestra y un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces. El Fibra E es un modelo relativamente nuevo en México y cancelar uno es un proceso incierto sin precedentes.
Si fuera necesario pagar por adelantado la deuda actual relacionada con el proyecto (bonos, un crédito bancario y una multa de cancelación del 30 por ciento), el gobierno tendría que pagar 10 mil 480 millones de dólares, o el 0.88 por ciento del producto interno bruto, escribió BBVA en una nota el lunes.
Presiones sobre calificaciones
«El daño a la reputación de cancelar el proyecto podría ejercer presión sobre la calificación de México y, en consecuencia, causar rendimientos consistentemente más altos para la administración venidera», escribió BBVA.
«Entonces, si bien el daño a las finanzas públicas sería relativamente pequeño, la decisión podría resultar en otra restricción presupuestaria para el gobierno de AMLO».
Una organización sin fines de lucro de Estados Unidos, MITRE, y un brazo especial de las Naciones Unidas llamado Organización de Aviación Civil Internacional evaluaron el nuevo proyecto aeroportuario.
MITRE emitió una declaración en diciembre que decía que el plan alternativo «no es viable desde una perspectiva aeronáutica ni a corto ni a largo plazo», debido a limitaciones con el espacio aéreo y el flujo de tráfico desde el aeropuerto actual y Santa Lucía.
La cancelación del proyecto del aeropuerto y la construcción de la potencial expansión de Santa Lucía costaría un total de 20 mil 500 millones de dólares, según un estudio realizado por la sociedad mexicana de ingenieros civiles.
El sector privado mexicano se opone al referéndum. El Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado el domingo criticando el proceso y reiterando que la construcción debe continuar.
«Consideramos que no existen las condiciones necesarias para que esta consulta se considere un ejercicio imparcial y objetivo», se indicó en la declaración.
«La alternativa es clara: usar menos recursos ahora y gastar más muy pronto, o hacer una inversión a largo plazo para nuestro desarrollo».
