Con taquicardias y sudoraciones nos acercamos a la elección más competida en la historia del Estado de México. Décimas más, décimas menos, todas las encuestas publicadas al cierre de la contienda ponen a Delfina Gómez (Morena) y Alfredo del Mazo (PRI) en un empate estadístico. No hay pues nada en las encuestas que nos permitan inferir con poca incertidumbre quién ganará. La saludable incertidumbre democrática.
Tendría que ser desde ahí una elección celebrable. Y no. Junto con las taquicardias y sudoraciones esta elección nos tiene también con un gusto amargo en la boca. Sabe a un proceso en el que, con matices, todos perdieron. Perdieron Morena y López Obrador frente a una feroz campaña del statu quo que no supieron navegar, mostró las debilidades permanentes del único candidato viable de la izquierda desde hace 11 años. En una campaña tan centrada en él, Delfina pagará parte de los costos. Perdieron el PAN y Josefina, frente a una atroz campaña y una candidatura con nula atracción entre los electores, el PAN se muestra endeble en una entidad en la que pensábamos, había sido capaz de construir lealtades estables. Perdió el PRD, que frente a Morena se queda rezagado en un territorio que le era casi natural hace no pocas elecciones, que incluso con una candidatura tan atractiva como la de Juan Zepeda termina con la vocación de anexo de una alianza como único destino posible frente al 2018. Perdieron también las candidaturas independientes, que con María Teresa Castell muestran su vulnerabilidad como figuras utilizables por los partidos gobernantes para golpetear y contener a otros partidos contendientes, frente a los imposibles requisitos para llegar a la boleta, quedan como espacios novedosísimos para reproducir los viejísimos vicios del poder.
Sí, pero pierde sobre todo el PRI, y en esto del Mazo es un poco accesorio. Con toda la maquinaria encima; con el apoyo explícito y burdo de la administración federal; con todos los recursos y la voluntad; ahí en el estado mismo que el hoy presidente gobernó, ya no alcanzó o alcanzó apenititas. Y vamos, ni el PRI, ni el gobierno federal, ni el gobierno local han escatimado métodos.
Al menos desde octubre pasado y hasta ayer mismo, hay un recuento cotidiano en los medios de dádivas, irregularidades y usos políticos de programas sociales: despensas Diconsa; decenas de millones de pesos en las tarjetas “la efectiva”; apoyos económicos a vocales de Prospera; 20.000 computadoras a estudiantes; visitas permanentes de miembros del gabinete presidencial (educación, salud, y sobre todo desarrollo agrario, territorial y urbano) entregando, ahora sí, beneficios de políticas públicas; acusaciones de modificaciones a contratos públicos de la constructora OHL para financiar la campaña de del Mazo; coerción a policías locales para que salgan a votar por el PRI; la administración por parte de PGR del caso Odebrecht para hacer públicos resultados hasta después de la elección; una red de médicos de hospitales públicos para repartir tarjetas “la rosa” y crear un cuerpo de “movilizadores” el día de la elección; la repetida historia de pedir la credencial de elector mucho antes del día de la elección; un total pues de 235 quejas acumuladas en 89 carpetas frente a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales.
Frente a esto, lo mejor que le puede pasar al sistema electoral mexicano es que el domingo gane Delfina. Poder sacar un poquito la cara del estercolero, respirar, y poder decir aliviados: con todo y todo, queda un espacio factible para hacer de éste un sistema lo suficientemente competitivo para admitir la alternancia y el sufragio sincero de los ciudadanos.
Pero un sistema electoral salvable de acuerdo a quien gane, no es un sistema con vida, es un sistema moribundo. De ganar el PRI se nos viene encima una feroz (y necesaria) guerra frente a las autoridades electorales, el INE y el TEPJF; y si atendemos a procesos recientes en términos de fiscalización, documentación, castigo y anulación de resultados, no hay mucho espacio para el optimismo. Incluso con las nuevas causales de nulidad (la más pertinente aquella de exceder topes de gasto por 5%), el proceso de generación de pruebas es problemático e incluso con ellas, el proceso judicial es un poco metafísico: no importan las irregularidades previas al día de la elección, importa probar que esas irregularidades fueron determinantes en la definición del ganador. La famosa “determinancia” que es un poco como el hombre de las nieves, nadie la ha visto nunca. Si seguimos las sentencias del TEPJF, tendría que haber un cuerpo sólido de evidencia de irregularidades y una elección cerradísima para pensar en una repetición del proceso.
La gran lección para el 2018 desde la elección del Estado de México es el quiebre del sistema electoral mexicano, incapaz de prevenir, documentar y castigar excesos, irregularidades, desvíos, coerciones, y manipulaciones… antes de llegar a la urna. Y se queda uno con la pregunta atorada en la garganta: ¿Habrá un sistema electoral que lo logre? Creo sin duda que hay mejoras urgentes en términos de financiamiento, fiscalización y el proceso de calificación de las elecciones, pero creo también que hemos terminado por pedir a la regulación electoral, cosas que corresponden a la regulación del ejercicio de gobierno.
No hay sistema electoral que supla las necesidades básicas de transparencia y rendición de cuentas en el dinero público en manos de gobiernos municipales, estatales y federales. No hay sistema electoral que sustituya los mecanismos esenciales de rendición de cuentas horizontal (i.e. medios, fiscalías, auditorías, órganos de control, oposición política), que implican saber, sí; pero también castigar. Si la elección del Estado de México se nos presenta como el proceso más burdamente sucio de los últimos años, es porque esos mecanismos simple y llanamente no existen efectivamente. Llevémonos esa lección para el 2018.
José Merino, politólogo mexicano, es director de Data4
