CHIHUAHUA. – El diputado federal suplente, Antonio Enrique Tarín García -quien fungiera como alto funcionario durante el gobierno de César Duarte-, recibió una nueva vinculación a proceso por su presunta participación en el desvío de 50 millones de pesos, ocurrido en mayo de 2016.
Ésta es la séptima vinculación que recibe Tarín por diversos casos de peculado agravado, procesos que, en total, sumarían un agravio al erario estatal por poco más de 487 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, esta cantidad la habría desviado mediante el uso de empresas “fantasma”, a las que otorgó contratos directos sin un proceso de licitación de por medio y las cuales simularon la prestación de los servicios programados en los contratos.
Durante la audiencia realizada esta mañana en la Ciudad Judicial, el ministerio público expuso al juez de Control que, durante 2016, el entonces presidente del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda estatal firmó los dictámenes de excepción a la licitación pública y acta de adjudicación directa a favor de la empresa “Centro de Acción Empresarial Altea S.A. de C.V.”, utilizada para la sustracción ilícita de la citada cantidad.
El 19 de mayo de ese mismo año se firmó el contrato SH/AD/005/2016 por el entonces director de Administración, Gerardo Villegas Madriles –preso por delitos similares-, así como el representante de la empresa, esto por el concepto de asesorías en materia de comunicación social cuyos servicios nunca fueron prestados.
La juez consideró suficientes las pruebas expuestas por la FGE por lo que avaló la vinculación a proceso y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.
En marzo del año pasado, Tarín fue resguardado en una oficina de la Cámara de Diputados en la capital del país para evitar que la policía de Chihuahua hiciera efectiva una orden de aprehensión en su contra.
En calidad de legislador suplente y ante el fallecimiento en un accidente automovilístico del diputado titular, Carlos Hermosillo, intentó esconderse en la Ciudad de México para tener la posibilidad de rendir protesta en San Lázaro y acceder al fuero constitucional para evadir las acusaciones en su contra.
En mayo de ese mismo año, fue arrestado en un departamento ubicado en la Delegación Benito Juárez, donde buscaba permanecer escondido.
