Fuente: Cortesía
En medio de la intensidad de un partido de futbol en el que su equipo va ganando, no se vale reducir a 30 minutos el medio tiempo. Nadie se puede imaginar que alguien llegue a decidir que el medio tiempo va a durar más o menos. Y no es que no se puedan cambiar los minutos del partido, lo que no se puede es modificar el tiempo si ya empezó el juego.
La otra cara de la moneda es que si mañana se promulga una ley que prohíbe pintar carros de rojo, nadie puede meter a la cárcel a quien ya tenía un carro pintado de rojo. Es más, esa persona, jurídicamente, tendría derecho a exigir un plazo y un subsidio para repintar su carro de otro color. Esto es lo que sucede en un Estado de Derecho y es una máxima jurídica, la ley no es retroactiva.
Es cierto que hay leyes y situaciones que sí requieren ser analizadas e interpretadas para tomar decisiones justas o acuerdos legales, es el día a día del sistema judicial. Pero estos dos casos apuntan a no tener de otra porque revientan de manera tosca un principio jurídico.
Lo que está sucediendo en Baja California es una aberración jurídica sin mucho que analizar. Supongo que hay una analogía con lo que sucedió el 3 de noviembre de 2016 en el Congreso de la Unión –335 votos a favor, 84 en contra y 3 abstenciones– cuando a cuatro magistrados electorales, designados por 3 y 6 años, se les amplió el plazo y se les hizo tomar protesta nuevamente. Además, en tiempo récord: el 27 de octubre el proyecto estaba en el Senado y el 3 de noviembre la Cámara Baja aprobó el decreto. ¿Quién dice que no es ágil el proceso legislativo federal? Piense en las décadas que le tomó a la sociedad civil de Nuevo León tener una ley que avale las consultas populares (1999-2016) y una reglamentación secundaria que está pendiente desde 2017. No importa que se trate de convocatorias o acuerdos de una autoridad, el principio de no-retroactividad aplica para todos.
No deja la cualidad de aberrante el que estas situaciones se hayan presentado en nuestro país. Es necesario saber un poco de leyes y estar en la refriega de los tribunales para aprender muy tempranamente que muchas decisiones judiciales, en México y Latinoamérica, están amparadas por intereses políticos protegidos por una discrecionalidad legislativa. Y de esas decisiones, muchas son cuestionables, otras tantas ya no guardan ni las formas, la manipulación grotesca de la ley. Es un reto en esta visión de Estado sin corrupción.
Tan cuestionable como cambiar la duración de un partido de futbol una vez iniciado, es lo que sucede en Baja California, pero tristemente no es novedad. Esta mala normalidad la repruebo, lo que me extraña es que no haya una resolución judicial. Estoy en espera del último capítulo de este dramón y, de verdad, espero un final diferente a los culebrones políticos en los que ha sobrevivido este querido México.
La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.
Opine usted: [email protected]
Twitter: @saraloal
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.
