Bronco, ‘salpicado’ por el escándalo del PT

La investigación de la PGR sobre el lavado de 100 millones de pesos a través de una red criminal que lideró María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, llegará al primer círculo del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, específicamente sus secretarios de Gobierno (Manuel Florentino González), Finanzas (Carlos Alberto Garza) y Educación (Arturo Estrada).

La PGR cuenta ya con un documento que apunta a que El Bronco y otros funcionarios de su gobierno sabían que el depósito de 100 millones de pesos fue directo a la cuenta 0669150285, de Banorte, a nombre de Rodríguez Martínez, y no a las dos cuentas de los Centro de Desarrollo Infantil (Cendis).

Ese hecho (depósito a una cuenta particular y no a las de los Cendis), según dijo la PGR, es lo que le da el carácter de ilícito al dinero para configurar el delito de lavado a través de una red en la que también participaron María Mayra Paredes Díaz, María Cristina Martínez y Héctor Quiroz García. Este último, dirigente del PT en Aguascalientes, fue vinculado proceso penal durante una audiencia celebrada el sábado pasado.

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Durante la audiencia y ante el juez Gerardo Moreno García, la defensa de Quiroz aportó diversas pruebas en su defensa, entre los testimonios de dos profesoras de diferentes Cendis de Monterrey; un coordinador de la asociación civil “Frente Popular Tierra y Libertad”, y la de un perito contable.

Fue este último quien leyó un documento en el que se afirma que los 100 millones de pesos para los Cendis fueron autorizados desde abril de 2016, pero se transfirieron hasta febrero, y explica que dichos recursos fueron autorizados por El Bronco y sus secretarios de Gobierno, Finanzas y Educación Pública.

La investigación de la PGR debe establecer si fueron ellos quienes autorizaron el depósito en cuentas de un particular.

El juzgador preguntó cómo era posible que funcionarios del gobierno de Nuevo León hubieran autorizado el depósito a una cuenta particular, cuando desde el 8 de diciembre de 2010 existe un Acuerdo en la Gaceta Oficial del estado, en el que se advierte que los Cendis pasaban a tutela de la SEP local.

Se explicó que los empleados de los Cendis, al usar recursos públicos, son considerados servidores públicos, incluida María Guadalupe Rodríguez Martínez, responsables de los Cendis, por lo que el depósito en su cuenta es considerado como un desvío de recursos.

La PGR explicó que se tienen identificadas dos cuentas bancarias de los Cendis, de la asociación civil “Frente Popular Tierra y Libertad”, una con un saldo de cero pesos y otra con 10 mil pesos, a ninguna de ellas llegó un solo peso de los 100 millones lavados.

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