Fuente: Cortesía
Me emociona la posibilidad de que haya una consulta popular, me agrada mucho que quienes la están pidiendo son millennials, me gusta no solo la pregunta, también la buena articulación que tiene el documento de solicitud. Me gusta que no parece estar manipulada para fines electorales.
La realidad no está tan simple porque aún no hay consulta, hay “solicitud de”. La ley impone muchos trámites –válidos, tal vez– pero muy rebuscados, diseñados desde la desconfianza y no simplifican el trabajo de los solicitantes. Estamos iniciando la etapa 1 de 4: hay que juntar más de 73 mil firmas en un formato (papel) en un plazo de 70 días.
Lo que es buenísimo es que se llegó a un acuerdo para reducir el uso papel y usar una aplicación móvil para recolectar firmas. Esto facilitará el trabajo a estos jóvenes ciudadanos, y a todos nos costará más barata la verificación de firmas. Ya que el Tribunal Superior de Justicia valide la pregunta”, existirá formalmente una consulta popular a realizarse.
La etapa 2 es planear toda la logística para votar por el Sí o por el No –centros de votación, funcionarios, boleta, mamparas, marcadores y demás–; sí, de regreso a la realidad, la ley especifica el uso del papel y el voto presencial. El reto es avanzar, aunque sea un poco, hacia el voto digital. Para esto hay que buscar muchos acuerdos y argumentos progresistas que faciliten la participación de la ciudadanía y, nuevamente, nos ahorre tiempo y dinero a todo el estado.
Esto está en el lado de las buenas noticias, la mala es que se necesita que al menos el 40 por ciento de la ciudadanía con credencial para votar vigente diga Sí para que la autoridad responsable esté obligada a realizar lo que manda la pregunta. O bien, que ese mismo 40 por ciento diga No para cancelar la idea de hacerlo. El 40 por ciento es un requisito altísimo, que a la vez exige un mínimo de participación y una preferencia de la votación. Es como si a un alcalde o al gobernador, la ley le exigiera 1) que más de un millón de personas fueran a votar y, 2) que todas esas personas votaran por él. Nada más para darse una idea, la elección extraordinaria de Monterrey, en diciembre pasado, no hubiera sido válida, porque sólo votó el 33 por ciento de la gente. Así de exagerado el requisito, pero bueno, es la realidad de la ley.
Las etapas 3 y 4 tienen lugar si gana el Sí -con más del 1.13 votos-. La etapa 3 trata de cómo y cuándo se concreta el proyecto, la 4 de cómo se mantiene ese proyecto en el largo plazo entre gobierno y ciudadanía.
Muy pocas leyes prevén estos últimos pasos, quizá por eso no han tenido un éxito contundente la mayoría de las experiencias de consulta, y en general, de estas formas de participación legal en gobernanza.
Festejo que haya una voluntad ciudadana para participar de manera legal y organizada, espero que haya muchas buenas voluntades políticas para sortear los retos, ¡y qué venga la consulta!.
La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.
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