Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió a los legisladores escuchar su inquietudes en las leyes secundarias de la Ley de Extinción de Dominio aprobada por los diputados y senadores.
El sector privado señaló que esta ley ha levantado preocupación por el impacto que pudiera tener entre ciudadanos de buena fe, que por algún motivo, sus inmuebles sean vinculados a un uso ilegal, así como en el sector bancario con bienes hipotecados.
«Pedimos a los legisladores que escuchen nuestras inquietudes, no queremos que una ley buena, adecuada, provoque temores, desconfianza e incertidumbre en el actuar diario de los ciudadanos de buena fe, en sus actividades económicas y empresariales», dijo Salazar.
El presidente de la máxima cúpula empresarial manifestó la concordancia que tiene el sector que representa con el objetivo del Gobierno de perseguir a la delincuencia organizada, pero advirtió riesgos por la discrecionalidad en su aplicación.
«Esta ley nos parece correcta pero nos preocupa enormemente la manera en la que los contribuyentes y personas que actúan de buena fe en la actividad económica del país se pueden ver afectadas por este tipo de discrecionalidad que se le está entregando a la autoridad a través de la ley».
El sector privado mantiene un dinámico diálogo con los partidos políticos para expresar sus reservas y confían en que sea a través de la legislación secundaria.
También señaló preocupación también por la conexión de esta ley con los delitos fiscales: «el llevar la defraudación fiscal al caso de la delincuencia organizada nos parece un exceso en el manejo de los castigos y de los procedimientos para tratar de demostrarle al causante su culpabilidad».
