CHIHUAHUA.- El gobierno de Chihuahua interpuso tres recursos jurídicos en contra de la controversia constitucional que presentó el Gobierno de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para suspender cualquier investigación en contra del presidente Enrique Peña Nieto y sus funcionarios.
Una de ellas es promovida por la Consejería Jurídica estatal y las otras dos por la Fiscalía General del Estado.
El pasado 29 de octubre, el ministro Eduardo Medina Mora ordenó suspender cualquier investigación y procesamiento contra Peña Nieto y cualquiera de los miembros de su gabinete, al admitir a trámite dicha controversia.
Dicha suspensión tendrá vigencia hasta que en su resolución se determine si los delitos que el gobierno de Chihuahua pretende perseguir pueden ser investigados y procesados por autoridades locales o federales, lo que puede demorar hasta un año o más.
Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del gobierno de Javier Corral, indicó que se trata de un recurso de reclamación en contra de lo avalado por Medina Mora, pues consideró, se trata de una controversia evidentemente improcedente, por lo que espera sea desechada.
“Se le dará trámite a dicha controversia y al recurso, y esperamos que el ministro que conozca y resuelva ante el pleno de la Suprema Corte de este recurso, establezcan claramente el porqué es improcedente la controversia planteada”, explicó.
De los recursos presentados el pasado martes por la fiscalía estatal, uno es contra el acuerdo que dio entrada a la controversia en mención y el otro en contra de la suspensión para que se investigue a los funcionarios federales, que estarían implicados en el proceso de triangulación de 250 millones de pesos a empresas fantasma durante la administración de César Duarte.
El gobernador Javier Corral catalogó de absurda la decisión de Medina Mora, por contradecir a la Constitución; incluso, dijo, en otro caso el propio ministro hizo lo contrario, “nuestro recurso de reclamación cita un desechamiento que el ministro Medina Mora hizo de otro asunto, bajo las mismas circunstancias por las que ahora sí lo admitió”.
Se trata, abundó, de un asunto de un estado que presentó una ampliación de demanda fuera de tiempo y en el caso de lo presentado por la Consejería Jurídica del gobierno federal, fue exactamente una ampliación ilegal de la demanda, por estar fuera de plazo y a la que sí le dio entrada.
“Se amplían las demandas por hechos supervinientes y ahí lo hicieron para tratar de enmendar la plana, por el error que habían cometido”.
Corral consideró que la Corte debe llamar en este caso a las fiscalías de todos los estados como terceros interesados, porque una decisión aprobada a favor de la invalidez planteada por Peña Nieto, sería un atropello al sistema federal y pondría en jaque el sistema penal de investigación de delitos.
“Porque sería una inhibición, de entrada inadmisible a ministerios públicos; el Ministerio Público no investiga funcionarios, federales o locales, investiga hechos y en función de la investigación de los hechos, resultan responsabilidades presuntas, que pueden ser del orden federal o local”.
Consideró que el tema debe ser tratado por la Conferencia Nacional de Gobernadores, porque existe una posible vulneración del sistema federal en la investigación de los delitos, que violaría la soberanía de los estados y la capacidad de los ministerios públicos para la investigación de los delitos.
